El servicio está destinado a permitir la práctica de actuaciones para las que, por su inmediatez, lejanía, u otro tipo de características, no sea posible utilizar otros medios de transporte
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha adjudicado el servicio de taxi y vehículos con conductor para los órganos de la Administración de Justicia en las provincias de Valencia y Alicante a la empresa de transporte Transvía S.L. para los próximos dos años (prorrogables por otros dos) por un importe de 3,6 millones de euros.
El grupo Transvía, especializado en transporte por carretera y con sede en Valencia, ingresará 2.068,174 euros por el servicio de transporte en la provincia de Valencia y 1.612.329 euros por la provincia de Alicante.
En estos momentos, hay un contrato en vigor hasta octubre de 2018 para el transporte de los órganos judiciales de la provincia de Castellón otorgado a la empresa Benibús S.A., dotado con un presupuesto de 583.656,81euros.
La finalidad de este servicio es cubrir las necesidades de transporte y locomoción de los órganos de la Administración de Justicia para el cumplimiento de sus funciones y competencias. El servicio está destinado a permitir la práctica de actuaciones que por su inmediatez, lejanía, u otro tipo de características, no sea posible utilizar otros medios de transporte.
Los servicios incluyen los traslados ordinarios derivados del desempeño de su labor como son los desplazamientos de los funcionarios de los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos (SCNE) para el cumplimiento de las diligencias que tengan encomendadas; los desplazamientos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; los del Servicio Común de Relaciones con el Centro Penitenciario de Picassent; las Fiscalías y los traslados de los jueces y médico-forenses para visitas a las residencias de la tercera edad.
De esta forma, la Conselleria de Justicia establece para la provincia de Valencia un total de 2.550 horas mensuales, a las que hay que añadir 3.060 horas/mes de servicios extraordinarios, como el traslado de las comisiones judiciales para declaraciones judiciales en domicilio, reconocimientos judiciales y forenses en internamientos, así como entradas, registros y levantamientos de cadáveres.
La provincia de Alicante tiene un crédito horario mensual para la utilización de vehículos de 2.552 horas, más un total de 2.702,4, horas/mes correspondiente a los servicios extraordinarios. En el caso de la provincia de Castellón, sus órganos judiciales disponen de un máximo de 976 horas para el servicio ordinario y 1.171,2 horas mensuales para servicio extraordinarios.
Los presupuestos para Valencia, Alicante, y Castellón para los próximos dos años asciende a 4,2 millones de euros, lo que supone un ahorro de unos 200.000 euros respecto a los años 2015 y 2016. El ahorro será en parte posible gracias a las nuevas medidas de seguimiento y control que se pondrán en marcha desde la Dirección General de Justicia y que servirán, fundamentalmente, para disponer de un registro más unificado, eficiente y ajustado a la realidad.
Novedades para reforzar el mecanismo de control del servicio prestado
La principal novedad es la obligatoriedad de las empresas adjudicataria del servicio de disponer en los vehículos de unos dispositivos terminales tipo PDA, que permitirán un mayor control gracias al registro automatizado del servicio prestado. De esta manera, al finalizar cada servicio se entregará al funcionario o fiscal usuario un albarán generado telemáticamente. De este modo, se acabará con las disfunciones en los servicios detectadas hasta ahora, ya que se acreditará de forma unificada y sencilla que los recorridos se ajustan a las diligencias que estaban previstas.
Otra de las novedades para reforzar el control de los servicios implicará que los traslados que se preste a los funcionarios judiciales que lo requieran comenzará en la sede judicial y finalizará en la misma. Respecto a los fiscales, este servicio no puede utlizarse para trasladar al personal a sedes judiciales que cuenten con adscripción permanente de Fiscalía (Alzira, Gandía, Alcoy y Torrevieja), excepto entre las Fiscalías internas de Orihuela y Elche y las de Benidorm y Denia.
Con el fin de economizar recursos, en los casos requeridos por las fiscalías que generalmente implican tiempos de espera, el vehículo quedará a disposición de los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos para la práctica de diligencias, y así se le comunicará al correspondiente secretario judicial. Cuando la duración del período de espera lo aconseje, podrá acordarse el servicio de ida, con regreso del vehículo a la base, y el servicio de vuelta a la hora pactada y se facturarán unicamente los periodos de ida y de vuelta.
