La conselleria de Cultura ha revisado los 15 expedientes, correspondientes a otros tantos yacimientos arqueológicos, iniciados y no concluidos desde antes de 1998 | Se ha incoado expediente para que sean inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano
La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha iniciado la tramitación para declarar Bien de Interés Cultural 15 yacimientos arqueológicos que estaban pendientes desde antes de 1998, cuando se aprobó la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.
La conselleria ha realizado una revisión de todos los expedientes iniciados y no concluidos hasta 1998 y ha incoado expediente de actualización y adaptación de la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, en materia de patrimonio arqueológico y paleontológico.
El objetivo es culminar los procedimientos declarativos de determinados bienes inmuebles arqueológicos, y uno de ellos paleontológico, que tienen valores culturales singulares o excepcionales, dentro del ámbito del territorio valenciano y que por distintas circunstancias, se encuentran pendientes de su inscripción definitiva. Estos bienes cuentan con un amplio reconocimiento social por la notoriedad de su implantación en el territorio en el que se emplazan.
En concreto, los bienes son los yacimientos del Punt del Cid en Almenara; la Cova de l’Or en Beniarrès; Puig de la Nau en Benicarló; Yacimiento fenicio de Vinarragell de Burriana; Banys de la Reina de Calp; el Porquet 1 de Alicante; Poblado ibérico de Mont-ravana en Llíria; Necrópolis ibérica del Corral de Saus en Moixent; Villa romana de Benicató de Nules; Recinto fortificado del Torrelló de Onda; Poblado ibérico de La Muela de Arriba de Requena; Valencia la Vella de Riba-roja de Túria; Pico de los Ajos de Yátova y Cortes de Pallás; Illeta dels Banyets del Campello; e Illeta del Portitxol de Jávea.
Los ayuntamientos donde radican los yacimientos serán informados, así como los interesados en el procedimiento administrativo. El reconocimiento de BIC conlleva la correspondiente protección del entorno y en los casos que sea necesario, los ayuntamientos están obligados a redactar planes de proyección de estos inmuebles.
