La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha exigido este martes la paralización «de inmediato» del desahucio de 38 familias de dos bloques de viviendas en La Pobla de Vallbona, previsto para el próximo 9 de diciembre, y que se encuentre una alternativa habitacional para los afectados, que suman 94 personas, de las que una mujer está embarazada, tres presentan alguna discapacidad y 25 son menores.
La plataforma exige a la entidad bancaria o al fondo al que se le hayan vendido las viviendas -situadas en la calle San Sebastián, 108 y Argila, 99B de la localidad- que detengan el desahucio, fijado para el 9 de diciembre, según la información facilitada por la PAH.
Miembros de la PAH se han desplazado hasta Llíria para presentar en el juzgado que tramita el procedimiento de desahucio esa paralización. Según ha explicado el portavoz de la plataforma, José Luis González, resulta una «monstruosidad que, en el contexto de la pandemia se nos esté pidiendo que nos quedemos en nuestras casas pero a estas personas se les eche».
Según González, la entidad bancaria realizó un préstamo a los promotores de las viviendas, al que no han hecho frente, y finalmente el juzgado ha acordado el lanzamiento de las viviendas. En este intervalo de tiempo, una persona vinculada a los propiedad inicial alquiló parte de las casas, con un contrato no formalizado en ningún registro y al que el juzgado no da validez, mientras que otras familias las okuparon.
La PAH pide al juzgado detener el proceso hasta lograr una solución habitacional para los afectados o incluso que el banco acceda a un alquiler social. La plataforma ha anunciado que realizará acciones con los afectados y otros agentes sociales en los días previos a la cita fijada para el desalojo.
La PAH, que destaca la implicación de Conselleria de Vivienda y Ayuntamiento, sostiene la necesidad y «máxima urgencia» de un nuevo decreto para frenar los desahucios mientras dure la crisis del coronavirus. «Lo importante es el nuevo decreto y no esperar al trámite de presupuestos porque afecta a centenares de familias», a las que no se les puede «echa en la calle» en este contexto, según González.
