La gestión de la DANA del 29 de octubre ha quedado en entredicho después de que la Generalitat Valenciana haya señalado fallos graves en la coordinación de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), encargadas de la monitorización de los caudales de ríos y barrancos.
Según fuentes de la Generalitat, no se alertó con antelación sobre la subida del caudal del barranco del Poyo, a pesar de que la CHJ había asegurado que tenía «monitorizados absolutamente todos los espacios». Este barranco, que acumuló un caudal equivalente a cuatro veces el del Ebro, fue el causante de la mayor parte de los daños y víctimas en municipios como Picanya, Paiporta, Catarroja, Chiva y Torrent.
Un error de diagnóstico que agravó la tragedia
El Consell ha puesto en evidencia que, durante la mañana del 29 de octubre, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, declaró públicamente que la CHJ estaba «sobre el terreno en las zonas especialmente complicadas», citando como puntos de mayor riesgo el río Barxeta y localidades de la Ribera como Rafelguaraf y Carcaixent. Sin embargo, en ningún momento mencionó el barranco del Poyo ni la Hoya de Buñol y l’Horta Sud, las comarcas más afectadas por el desbordamiento de ríos y barrancos.
Además, la Generalitat ha señalado que la CHJ no informó a Emergencias durante más de dos horas y media de la alarmante crecida del barranco del Poyo, lo que dejó sin margen de reacción a los equipos de protección civil y emergencia.
El mensaje de tranquilidad que contrasta con la realidad
Otra de las cuestiones que ha subrayado el Consell es que, a pesar de la gravedad de la situación, la delegada del Gobierno aseguró a la prensa que «todos los efectivos están preparados, alerta y trabajando de forma coordinada», trasladando un mensaje de tranquilidad que, visto lo ocurrido, no se correspondía con la realidad.
Ante estos hechos, la Generalitat considera que existió un fallo de coordinación en la gestión de la emergencia y ha solicitado explicaciones a la Delegación del Gobierno y la CHJ sobre por qué no se alertó a Emergencias sobre la crecida del barranco del Poyo, que resultó ser el foco principal de la catástrofe.
Este episodio ha reabierto el debate sobre la efectividad de los protocolos de vigilancia y alerta temprana ante fenómenos meteorológicos extremos, así como la necesidad de revisar el papel de las administraciones implicadas en la gestión de estos episodios para evitar que se repita una tragedia similar en el futuro.
