El acuerdo plenario también insta a Les Corts a solicitar al gobierno del Estado que haga los cambios necesarios que faciliten el derecho a la vivienda en las leyes de competencia estatal
El Ayuntamiento de Sagunto solicitará al presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, y al conjunto de partidos políticos que las forman priorizar la urgente tramitación de la ley de la función social de la vivienda e instar al gobierno del Estado a hacer los cambios necesarios que faciliten el derecho a la vivienda en las leyes de competencia estatal. La moción se aprobó en el último Pleno ordinario, gracias a los votos a favor de Compromís, EUPV, IP, ADN-Morvedre, PSOE y C’s, con los únicos votos en contra del PP.
Presentada por varios grupos municipales, esta moción llega a tenor de las reuniones de las PAH’s del País Valencià (Plataformas de Afectados por las Hipotecas) mantenidas con la Conselleria de Vivienda instando a que se apruebe un plan de choque contra los desahucios y una ley valenciana de la vivienda. Pese a la negativa de los bancos por luchar contra los desahucios en el seno de la mesa de prevención, la Conselleria ha presentado una ley de la Función Social de la Vivienda que, según el informe, “a pesar de que contiene elementos positivos, no va a resolver los problemas de la emergencia habitacional”.
Por este motivo el Pleno acordó proponer la urgente tramitación de una ley que asiente las bases sólidas para la solución definitiva y progresiva del derecho humano y constitucional a la vivienda reconociendo tal derecho subjetivo; paralice todos los procedimientos judiciales iniciados por entidades bancarias sobre desahucios; cree medidas contra el sobreendeudamiento en los hogares por causas sobrevenidas desde la crisis, que otorguen una segunda oportunidad a quienes tienen deudas impagables; cree un auténtico parque público de viviendas de alquiler social, asumiendo la banca la parte de su responsabilidad en este coste social; garantice el acceso a los suministros básicos (luz, agua, gas…) a las familias en riesgo de exclusión social y convenios entre administraciones y empresas para impedir el corte de los mismos; y mejore la protección de los deudores como consumidores.
