Las concejalías de Energías Renovables y Cambio Climático y Gobierno Interior trabajarán conjuntamente para culminar el objetivo de que el Ayuntamiento de Valencia se abastezca de energía “accediendo directamente al mercado mayorista y no a través de las empresas suministradoras”, con la que se pretende abaratar costes, lograr una mayor sostenibilidad energética y combatir la pobreza energética.
En esta moción se propone la elaboración de “un estudio de viabilidad medioambiental, social, económica y legal para la participación y compra de la energía municipal en el mercado mayorista de electricidad como consumidor directo”. Más adelante, tras una referencia a la Agenda 21 Local y al Plan de Acción para la Energía Sostenible, se afirma que se considera necesario “buscar un suministro basado en fuentes de energía preferentemente renovable o con bajas emisiones de carbono a la atmósfera, que permita reducir y racionalizar la factura energética de la ciudad, avanzando en el cambio de la sostenibilidad medioambiental”.
El objetivo es –tal como ha explicado el concejal Jordi Peris- lograr una “sensible reducción de la factura eléctrica”, que podría ser de millones de euros, pero también conseguir que el suministro municipal de energía eléctrica “se haga con criterios de sostenibilidad y que se trate siempre que sea posible de energía renovable o de bajo impacto medioambiental”.
Por otra parte, un tercer objetivo de esta propuesta a la que hoy ha dado luz verde la Junta de Gobierno es, estudiar y establecer “de qué manera” podemos desarrollar políticas activas contra la pobreza energética que sufren muchas familias valencianas. En este sentido la moción incluye un párrafo en el que se afirma que según los datos aportados por asociaciones y entidades independientes “una parte de la población española es incapaz de pagar la factura de la energía necesaria para satisfacer sus necesidades domésticas y/o se ve obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagarla, pudiendo llegar a generar exclusión social”.
En la moción presentada se apunta “se estima que la pobreza energética es responsable de España de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras, una cifra más elevada que la de víctimas mortales de accidentes de tráfico, y sin embargo el Estado Español carece de políticas específicas para la eliminación de esta pobreza energética”.
La compra de la energía municipal en el mercado mayorista de electricidad como consumidor directo, “permitirá una mayor autonomía en la gestión directa de dicha compra con la distribuidora y la cesión o donación de los sobrantes de energía a los colectivos sociales menos favorecidos, para reducir la pobreza energética”, según se afirma en el texto de la moción.
