Sandra Gómez: “Se determinará un nuevo modelo concebido como servicio público de mejora de la movilidad según las necesidades reales de la ciudadanía, no como un negocio.”
La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana solicitar al Servicio Municipal de Contratación la resolución del contrato con la actual adjudicataria del servicio de recogida y retirada de vehículos, dado el descenso de la calidad en el servicio y los incumplimientos en el contrato.
La concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, ha definido como “uno de los grandes agujeros negros que nos dejó la gestión del anterior gobierno municipal del PP, que llega no sólo hasta la anterior contrata, Cleop, investigada en el marco del caso Taula, sino también en la gestión actual”.
Como se recordará, el pasado 2014, la UTE (unión temporal de empresas) formada por las firmas Pavapark Movilidad, SL, y Autobuses Playa de San Juan ganó el concurso de adjudicación del servicio ofreciendo unas mejoras considerables en las condiciones mínimas del pliego de condiciones. La adjudicataria planteó unas condiciones económicas basadas en un plan que preveía unos ingresos que no han sido tales. “No se han cumplido sus expectativas”, ha explicado Gómez, “y, por eso, plantearon al Ayuntamiento una reordenación de medios materiales y humanos”.
Pero, según el informe de los técnicos municipales, dicha reordenación no era tal, sino que suponía un cambio sustancial del pliego de condiciones (reducción de personal –ERE- y de bases), lo que contravendría las condiciones de libre concurrencia e igualdad del concurso realizado en su momento, que ganó Pavapark.
“No es culpa del Ayuntamiento que la empresa presentara lo que presentó. No se puede pretender que, cuando en la prestación de un servicio hay beneficios, vayan a parar a las adjudicatarias y, cuando hay pérdidas, éstas se socialicen y las asuma la Corporación, la ciudadanía”, ha manifestado la delegada. Por ello, y ante el deterioro de la calidad del servicio que presta la actual adjudicataria, el Ayuntamiento ha decidido resolver el contrato sin contemplar ninguna indemnización para la unión de empresas.
Según los cálculos técnicos, el nuevo modelo de servicio podrá entrar en funcionamiento en unos 9 meses. A preguntas de los periodistas, Sandra Gómez ha explicado que aún no está definido el modelo, si municipalizado o por adjudicación, “pero, en cualquier caso, siempre se basará en el concepto de servicio a la ciudadanía, de servicio público para mejorar la movilidad urbana según las necesidades reales de los vecinos y las vecinas, y no como el modelo anterior, de negocio a costa de los bolsillos de la ciudadanía”.
