“No es un problema del Ayuntamiento sino que afecta a toda la sociedad, y el Consejo Social representa a toda la sociedad”, afirma Joan Ribó
El Consejo Social de la Ciudad de València se ha reunido esta tarde en el Hemiciclo Municipal en una sesión, presidida por el alcalde Joan Ribó, donde se ha aprobado, con la única abstención de los representantes del Partido Popular, una declaración de este órgano de amplia representación ciudadana presidido por el alcalde Joan Ribó, “ante la marginación de las valencianas y valencianos en los Presupuestos Generales del Estado para 2017”. En el preámbulo de esta declaración se afirma que los problemas estructurales de la ciudad de València “han de resolverse necesariamente con la colaboración financiera del Gobierno Central, como se hace en otras ciudades del Estado”, y se recuerda que la Comunidad Valenciana es la de menor inversión por habitante de todo el Estado en esos presupuestos, con solo 119’66 euros, frente a la media de 185.
“El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, lo planteó y nos pareció una buena idea visibilizar el agravio que suponen para la ciudad de València los presupuestos estatales para 2017. En primer lugar queremos exponer las razones por las que creemos que son unos presupuestos terribles para esta ciudad, y en segundo lugar plantear un documento, una declaración, para que el Consejo Social de València se manifieste en el sentido de intentar, junto con la Generalitat, les Corts Valencianes y todas las instituciones y agentes sociales, buscar una serie de enmiendas que palien y mejoren esos presupuestos”, ha afirmado Joan Ribó antes de dar comienzo esta sesión del Consejo Social.
Joan Ribó ha resaltado igualmente la importancia de que se visualice “que no es un problema de la gente que estamos en el Ayuntamiento, sino un problema de toda la sociedad, y el Consejo Social representa a toda la sociedad”. En su análisis ha expuesto y argumentado que: “Estos Presupuestos son una trampa porque comparan las inversiones previstas para 2017 con las inversiones ejecutadas de 2016”, para llegar a la conclusión de que “Rajoy intenta engañar a los valencianos comparando datos que no son comparables”.
El alcalde Joan Ribó ha presentado ante el Consejo Social el informe sobre los Presupuestos Generales del Estado, duramente contestados por Ribó desde el momento mismo en que se conocieron y se comprobó que no contemplaban las reivindicaciones reiteradamente planteadas por el Govern de la Nau. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado asigna a la Comunidad Valenciana 590 millones de euros, un 6’9% de la inversión para el conjunta del Estado para una población que es el 10’6% de la población estatal, lo que supone un recorte de un 33% (209 millones) respecto a 2016
“València no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, ha reafirmado Ribó antes de referirse al agravio comparativo frente a otras ciudades en aspectos como el Contrato-Programa, Metro, cercanías de Renfe, Corredor Mediterráneo y Alta Velocidad, Puerto, Aeropuerto, pinacotecas, museos y teatros líricos, o la deuda de 457 millones de euros asignada al Consorcio València 2007, que contrasta con lo ocurrido con las Expos de Sevilla y Zaragoza o los Juegos Olímpicos de Barcelona, de cuyas deudas se hizo cargo el Gobierno Central.
Para el alcalde de València las conclusiones de este análisis son que “Rajoy y Montoro quieren engañarnos con estos presupuestos”; que el gobierno de Rajoy “no quiere invertir en València” y que tampoco “nos deja a los municipios destinar nuestros superávits a aquello que nuestras vecinas y vecinos necesitan. El alcalde se ha referido a la petición que hizo en el último Pleno del Ayuntamiento para que los diputados valencianos en el congreso “no voten unos Presupuestos Generales del Estado que nos discrimina”, y se ha reafirmado en esa petición, avalada por un acuerdo de las Cortes Valencianas, en la línea de “asegurar unas inversiones proporcionales a la población”.
Seguidamente el concejal de Participación Ciudadana, Jordi Peris, ha dado a conocer la propuesta de declaración sometida a debate y posterior votación, en la que además de instar al Gobierno Central a tener en cuenta los proyectos incluidos en la moción del Ayuntamiento, “que han quedado sin presupuesto o con un presupuesto insuficiente”, se pide que en la ley de acompañamiento “se flexibilice el destino de los remanentes de tesorería para las entidades locales, que en el caso de València suponen 42 millones de euros en 2016”
En esta declaración los representantes de los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, organizaciones empresariales, sindicales, de vecinos, de consumidores, universidades, Puerto, Cámara de Comercio, padres de alumnos y personas con diversidad funcional hacen suyas todas las reivindicaciones para València incluidas en la moción que el Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 17 de noviembre. En ese acuerdo plenario se reclamaban las inversiones necesarias para el Corredor Mediterráneo (túnel pasante, prolongación del soterramiento de las vías del túnel de Serrería y estación intermodal de Fuente de San Luis), la financiación del servicio de tren de cercanías, el Contrato Programa para el transporte del área metropolitana, la ejecución del tramo final del Colector Norte, la asunción por el Estado de la deuda de 450 millones de euros del Consorcio València 2007, mayor dotación económica para los museos de Bellas Artes, IVAM y de la Cerámica, así como para el Palau de les Arts, San Miguel de los Reyes y también para el Puerto y el Aeropuerto.
La declaración incluye igualmente un acuerdo por el que se insta al Pleno del Ayuntamiento “a impulsar las acciones necesarias para cohesionar a las valencianas y los valencianos en torno al objetivo de conseguir unas inversiones justas para la ciudad, coordinando su actuación con otras instituciones como las Corts Valencianes o la Generalitat”, así como otro para “instar en el Ayuntamiento a sumarse al encuentro convocado por Las Cortes Valencianas en su declaración institucional de 5 de abril, en el marco de la conmemoración del 25 de abril, Día de las Cortes Valencianas, para trasladar las cuestiones antes referidas y coordinar para revertir esta situación injusta”.
