La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha presentado alegaciones contra el deslinde de los bienes del Dominio Público Marítimo-Terrestre del Gobierno central, en un tramo de costa comprendido entre la margen izquierda del río Molinell y la playa de Les Deveses en el término municipal de Dénia. En total, el segmento litoral afectado es de alrededor de 3.500 metros.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Vicente Martínez Mus, ha explicado que, con esta alegación “damos respuesta a lo acordado con los vecinos de la playa de Dénia con quienes compartimos el sentimiento de indignación y el enfado porque están siendo desposeídos de sus propiedades y condicionando el futuro de su patrimonio y sus herederos”.
Según la resolución del Ministerio de Transición Ecológica, el tramo que pasaría a formar parte del nuevo Dominio Público Marítimo-Terreste incluye toda la playa existente y el cordón dunar “hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”.
Por ese motivo, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos alega que “gran parte de la delimitación propuesta quedaría situada al borde de los cerramientos con las dunas o invadiendo las terrazas de las viviendas” mientras que, en otras zonas, la línea “avanza tierra adentro”. De ahí que la Dirección General aporte en su alegación fotografías aéreas del visor cartográfico de la Generalitat para demostrar que las construcciones existentes ya estaban allí en 1987, es decir, un año antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas estatal.
Además, en la memoria del Ministerio “no se distinguen los tramos justificados mediante playa y cordón dunar de aquellos delimitados por el alcance del mar, por lo que la fundamentación geomorfológica de la propuesta se considera insuficiente”.
Por todo ello, la Generalitat considera en su alegación que la servidumbre del tránsito no queda garantizada en gran parte del tramo, tal y como establece el artículo 27 de la Ley de Costas, y que se debería valorar el informe técnico-jurídico aportado por el Ayuntamiento de Dénia, con el fin de reducir la servidumbre de protección en aquellos tramos de aplicación y contemplar una anchura de entre 20 y 100 metros en las parcelas afectadas.
Para Vicente Martínez Mus, la alegación busca paliar los estragos de unas normas “injustas y arbitrarias”, y ha añadido que la Conselleria “no va a participar en un procedimiento totalmente injusto” porque lo que quiere es “proteger el litoral y luchar contra la regresión, no contra los vecinos”.
