La directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez, ha enviado una carta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la que insta al Gobierno central a iniciar un grupo de trabajo con las diferentes comunidades autónomas que permita el desarrollo de criterios comunes para la aplicación de la Ley de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.
El escrito, remitido a la directora general de Servicios Sociales para la Familia e Infancia, María Salomé Adroher, recuerda que la disposición adicional tercera de esta ley establece que será el Gobierno el encargado de promover, junto con las comunidades autónomas, los criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta norma en todo el territorio español.
Martínez ha señalado que es «de especial relevancia establecer procesos de trabajo conjunto entre todas las comunidades, para analizar y compartir criterios que puedan servir de pautas y referencias para los trabajos a desarrollar» en cada autonomía, ya que, de lo contrario, se pueden encontrar con que cada territorio desarrolle su propio marco normativo de forma independiente, «creando 17 procedimientos de intervención diferentes para las protección y defensa de los niños y niñas».
Asimismo, la directora general ha recordado que la semana que viene se cumplen 6 meses de la norma estatal y, por lo tanto, considera necesario «la creación urgente de una mesa de trabajo conjunta con las demás comunidades autónomas».
Composición de los equipos profesionales
Entre los asuntos que deben desarrollar conjuntamente Estado y autonomías están los aspectos relativos a la composición, número y titulación de los equipos profesionales de la entidad pública de protección de menores competente territorialmente que deben intervenir en situaciones de riesgo y desamparo de menores, entrega voluntaria de la guarda, programas para la vida independiente de los jóvenes que estén bajo una medida de protección y procesos de acogimiento y adopción.
Desde el Consell se considera que, además de establecer las composiciones de los equipos y los ratios, «se podría estudiar posibles vías de financiación para consolidar una red suficiente de profesionales», ha afirmado Martínez, quien ha sostenido que la calidad de la atención a los menores «pasa por el estudio detallado de cada situación, dada la complejidad de los casos a atender».
Otros aspectos a desarrollar, conjuntamente entre la Administración central y la autonómica son los elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar y adopción, entre ellos la formación y valoración de las familias.
Respecto al acogimiento familiar se han de abordar además cuestiones como la compensación económica, tanto para el acogimiento especializado como para el ordinario; las medidas de fomento y apoyo a este tipo de políticas; el desarrollo de campañas informativas al respecto y el fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras.
En referencia al acogimiento residencial, deberán fijarse los estándares de calidad y accesibilidad, instalaciones y dotación de cada tipo de servicio de los centros y de los puntos de encuentro familiar, así como la atención integral a jóvenes ex tutelados, entre otras cuestiones que la ley fija que el Gobierno central promueva con las comunidades autónomas.
Ante la importancia de todos estos temas, desde la Dirección General de Servicios Sociales, se pide al Ministerio que inicie y concrete «un plan de trabajo conjunto para desarrollar las actuaciones colaborativas en todos los aspectos señalados, mediante la urgente composición y convocatoria de los grupos para el correcto desarrollo del texto legislativo».
