Soler denuncia que el Gobierno central «hizo dejación de sus competencias en la supervisión de datos de déficit y se tiene que hacer cargo de la sanción de la UE» | El anterior Ejecutivo valenciano comunicó por teléfono al Ministerio en mayo de 2012 que había «olvidado» incluir 1.800 millones en gastos sanitarios | El Ministerio de Hacienda elude su responsabilidad argumentando que la IGAE «no ha contado con poderes suficientes» para comprobar el gasto de las CC AA, a pesar de que la Sindicatura de Comptes informaba año tras año del gasto sanitario no contabilizado
El Gobierno central ha dado 10 días de plazo a la Generalitat para que presente alegaciones antes de repercutirle el pago de la multa impuesta por la Comisión Europea a España por la ocultación de 1.800 millones en gastos computables a efectos de déficit llevada a cabo por los anteriores Consells de Francisco Camps y Alberto Fabra durante los ejercicios 2008 a 2011.
Al respecto, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado que es el Gobierno central «el que se tiene que hacer cargo de la multa porque éste era responsable de supervisar los datos de déficit de las administraciones públicas y en relación a las instituciones europeas».
«Era competencia de la Administración central supervisar estos datos y ahora ha de asumir esa responsabilidad porque además era perfecto conocedor de la situación, toda vez que la Sindicatura de Comptes, año tras año, así lo señalaba en sus informes», ha reiterado.
«Lo que pretende el ministerio es inadmisible y no lo vamos a permitir; intentar que el actual Consell pague los platos rotos de la catastrófica gestión llevada a cabo por los Ejecutivos del PP, que convirtieron la ocultación de facturas y gastos en una práctica habitual», ha lamentado Soler, para añadir que, paralelamente, el Ministerio «no puede hacer dejación de sus responsabilidades, máxime cuando la situación era de sobra conocida, los informes de la Sindicatura se trasladaban al Tribunal de Cuentas y su contenido se difundía públicamente y por cauces oficiales», ha insistido el conseller.
«Los valencianos ya están suficientemente maltratados con el actual sistema de financiación para que además ahora nos repercutan multas derivadas por la mala gestión de anteriores dirigentes», ha señalado el conseller de Hacienda.
El Gobierno central obvia los avisos del Síndic
En un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que acompaña el expediente remitido por el ministerio sobre el procedimiento de repercusión de la sanción, la IGAE esgrime para eludir sus responsabilidades que entre los años 2008 y 2012 «no ha contado con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades autónomas», algo que «resulta increíble», señala Vicent Soler, tras recordar los avisos que dio la Sindicatura, como constató la Comisión Europea en su informe de investigación.
Comunicación «por teléfono»
El informe elaborado por la Comisión Europea revela que en enero de 2012 el Consell de Alberto Fabra remitió los correspondientes cuestionarios de información contable normalizada del cuarto trimestre de 2011, en los que figuraban en la cuenta 409 un total de 501 millones, de los que 328 millones se comunicaron «por teléfono». En abril de 2012 se trasladaron a través de los cuestionarios de información un total de 469 millones más en la cuenta 409.
Cuando la IGAE pidió confirmación de estos datos, la Intervención de la Generalitat comunicó telefónicamente a principios de mayo una desviación en los datos aún mayor, que suponía «una deuda adicional de en torno a 1.800 millones correspondiente a gastos sanitarios no registrados en las cuentas de la Generalitat».
Finalmente, de la información remitida a finales de junio de 2012 por la Intervención de la Generalitat se desprende una desviación en relación a los datos comunicados en enero de 2012 correspondientes al importe de la cuenta 409 cifrada en 1.891 millones.
El conseller Soler ha calificado la gestión de las finanzas públicas del Consell del PP como «inaceptable», por saltarse «todas las normas contables» y por «jugar con el dinero de los valencianos».
Antecedentes
La Comisión Europea abrió un procedimiento de investigación sobre estos hechos que se saldó con la imposición a España de una multa de 18,93 millones al constatar que se produjo una tergiversación de los datos de déficit público comunicados por España, debido a que la Comunitat Valenciana incumplió reiteradamente la aplicación del principio de devengo contable que rige la contabilización del gasto público durante los ejercicios de 2008 a 2011, lo que supuso una desviación en los datos de déficit por importe de 1.891 millones.
Como consecuencia del gasto no remitido por la Comunitat Valenciana, los datos de déficit de España se vieron afectados por un incremento del 0,2% del PIB en 2011 y hasta un 0,1% en el resto de años anteriores.
