Las vacunaciones contra la Covid-19 fuera del protocolo establecido por la Conselleria de Sanitat han centrado gran parte del debate del Pleno de Diputación de Alicante correspondiente al mes de febrero en el que se han presentado cuatro mociones, una por cada grupo político, respecto a este tema.
Por un lado, el Grupo Ciudadanos ha defendido una propuesta, que ha contado con el apoyo de los Grupos Popular y Compromís, para garantizar la máxima transparencia en este proceso y que exige la dimisión o cese de los cargos vacunados de forma irregular. El Grupo Socialista se ha abstenido en la votación.
«También el Gobierno de la Generalitat tiene una importante responsabilidad y en su gestión ha faltado transparencia», ha señalado Gutiérrez, quien ha pedido «que se informe de los cargos públicos que han recibido la vacuna, sin ningún tipo de sesgos, priorizando la salud por delante de los colores políticos».
Por su parte, el portavoz de los populares, Eduardo Dolón, ha recordado que la Conselleria de Sanitat ha abierto una investigación sobre los cargos públicos que se vacunaron presuntamente de forma irregular y ha pedido, en este sentido, «que se deje actuar a los responsables y no nos adelantemos en las conclusiones porque es un asunto que sigue siendo objeto de investigación».
Sobre el cese de competencias de Bernabé Cano
No obstante, ha apuntado que, dando cumplimiento a la petición de Ciudadanos, el presidente firmó hace unos días el decreto de cese de las competencias, de forma permanente, del diputado Bernabé Cano, quien se ha ausentado por deseo expreso de la votación de los puntos que hacían referencia a su persona.
Dolón ha puesto en evidencia, asimismo, «el caos en el proceso de vacunación» por lo que, a través de una moción firmada por el Grupo Popular, se ha pedido al president Ximo Puig que «depure responsabilidades en la Conselleria de Sanitat». «Ha habido una nula gestión en el proceso de vacunación y un inexistente protocolo que articulara la administración de las vacunas sobrantes, por lo que alguien debe dar explicaciones y asumir responsabilidades en el Consell», ha indicado el también diputado de Presidencia.
La propuesta de los populares ha contado con el apoyo de Ciudadanos, formación que también ha respaldado las mociones presentadas por Compromís y PSOE –rechazadas por el Grupo Popular-, en las que han pedido la reprobación de Cano, su renuncia al acta y la creación de una comisión de investigación sobre los cargos políticos que han acudido al Centro de Salud Mental Doctor Esquerdo y su vacunación.
En este sentido, y en el apartado de Ruegos y Preguntas, el diputado responsable de este centro, Juan Bautista Roselló, ha dado explicaciones, ante las acusaciones vertidas contra él, sobre el por qué recibió el pasado 12 de enero, junto a los 200 usuarios y a los más de 395 trabajadores del centro, la primera dosis de la vacuna. Tras explicar que mantiene un trato directo y personal con el equipo médico y los usuarios del Doctor Esquerdo, ha manifestado que fue Salud Pública quien indicó que debía administrarse la vacuna a todo el personal del centro y quien ratificó el listado en el que se incluyó su nombre.
En este punto, ha reiterado que se trata de una decisión «discriminatoria por mi condición política y mi puesto de trabajo» y ha pedido a la consellera Ana Barceló una rectificación. «Si no rectifica y mientras mi primera vacunación no esté completamente investigada y aclarada, no aceptaré la segunda dosis y emprenderé acciones legales por esta discriminación», ha anunciado.
