El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha dado la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en relación a las reiteradas solicitudes que ha realizado al Ayuntamiento de Almassora para exigirle que convoque el Consejo de Policía, conforme lo establecido en el Acuerdo Marco para el personal del consistorio, ya que han transcurrido más de ocho años de su última convocatoria.
En su escrito, el defensor del pueblo valenciano ha amonestado al consistorio por «vulnerar el derecho de la ciudadanía a una buena administración» y por «dar respuestas incongruentes a las preguntas planteadas por CSIF, con el único fin de no colaborar».
En concreto, afirma que el consistorio no solo «no ha dado respuesta a las reiteradas solicitudes de regulación y convocatoria del Consejo de Policía» por parte de CSIF, sino que, además, «no ha colaborado de forma adecuada» con el propio Síndic, ya que las contestaciones que ha proporcionado «ni abordan la cuestión planteada, ni tienen conexión con el objeto de la queja», lo que se traduce en una «falta de colaboración».
Por ello, exige al Ayuntamiento de Almassora que se «comprometa» a detallar plazos temporales concretos relativos a la regulación del Consejo de Policía -documento que deberá estar finalizado antes del próximo 6 de diciembre-, la convocatoria y celebración de su sesión constitutiva -en un plazo de 10 días hábiles desde su aprobación-, así como la convocatoria y celebración de su primera sesión ordinaria, en el plazo de 10 días hábiles desde la sesión constitutiva.
Y, además, da al consistorio un plazo de un mes para que manifieste «de forma inequívoca» su postura respecto a dicha resolución.
Desde la central sindical han recordado que el Consejo de Policía, que no se convoca desde 2014, «es un órgano interno del ayuntamiento en el que se tratan asuntos que afectan directamente a los funcionarios de Policía, como conocer los procedimientos disciplinarios por faltas muy graves, conocer los informes en materia de felicitaciones, ser oído en los procesos de determinación de las condiciones de prestación del servicio del personal del Cuerpo, o conocer la adscripción y adjudicación de puestos de segunda actividad y secciones», entre otras funciones.
Por ello han reclamado a la alcaldesa de Almassora, Mercedes Galí, que «asuma» las directrices del Síndic y, «en lugar de presentar documentación que ni aborda las cuestiones planteadas ni tiene conexión alguna con el objeto de nuestras quejas, cumpla con la legalidad».
