El Ministerio de Interior ha negado intimidaciones de agentes de Policía Nacional de Paterna hacia migrantes que acuden a la comisaría para obtener el DNI de su bebé, tal y como denunció en su momento València Acull.
Así lo recoge un escrito del Defensor del Pueblo remitido a la asociación tras la denuncia interpuesta acerca de que varios funcionarios de la comisaría de la Policía Nacional de Paterna habían tratado de forma «humillante e intimidatoria» a tres personas migrantes, dos de Colombia y una de Paraguay, que habían acudido a finales del pasado año a solicitar el DNI para sus hijos.
En la denuncia de València Acull se exponía que varios agentes sacaron de la cola a las mujeres, les amenazaron con la expulsión, les presionaron para que desistieran del derecho de sus hijos a la nacionalidad española, les acusaron de aprovecharse de la legislación, les informaron erróneamente sobre sus derechos y, finalmente, les sancionaron por estancia irregular.
Sin embargo, el escrito de Interior lo niega. Señala que los funcionarios policiales que sancionan por estancia irregular a extranjeros que se personan en dependencias policiales para la práctica de algún trámite, «actúan conforme a las obligaciones legalmente impuestas».
Además, el escrito de respuesta de la Dirección General de Policía al Defensor del Pueblo da su versión sobre cada uno de los tres casos y señala que en las intervenciones policiales con personas extranjeras se comprueba «si entienden las actuaciones que se realizan con ellos o están en situación de necesidad y pueden ser beneficiarias de ayudas sociales».
Ni las versiones oficiales ni las actuaciones policiales coinciden con las denuncias de las víctimas. La policía afirma que a una de las mujeres se le informó con todo detalle con el fin de «tranquilizarla» y, tras instruirle el procedimiento de sanción de 501€ por estancia irregular, «se le acompañó a la oficina del DNI para la expedición del documento a su hijo».
Por el contrario, ella asegura que un policía la sacó de la cola y «aunque le mostré la resolución por la que se concedía a mi hijo la nacionalidad española, me dijo que me iban a dar la carta de expulsión». La subieron a un despacho, iniciaron el expediente de sanción y ella decidió comenzar a grabar el interrogatorio.
En los audios se escucha cómo la mujer trata de explicar su situación y la de su pareja, pero el policía le contesta: «En cualquier caso, has estado trabajando, no has estado cotizando, no has estado pagando una Seguridad Social, si te has puesto enferma has ido al médico… al final es lo que hay, tú te vas aprovechando de las cosas, no te juzgo, pero te has estado aprovechando de unos beneficios, pues oye, ahora te toca pagar 500 euros, pues oye, después de todo lo que has recibido pagar 500 euros tampoco es tanto».
Las otras dos versiones oficiales tampoco recogen ningún tipo de irregularidad cometida por los policías. Sin embargo, las dos mujeres coinciden en denunciar que las separaron del resto de personas que aguardaban su turno para llevárselas a otras dependencias e iniciarles el procedimiento de sanción, en un caso con propuesta de expulsión y en el otro, de multa de 501€.
