Un juzgado de Sueca está investigando la muerte de un nonagenario de Cullera el pasado verano, que cambió su testamento mes y medio antes de morir legando su patrimonio a la mujer que le cuidaba desde hacía sólo 18 días y a un párroco.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sueca ha abierto una investigación para esclarecer la muerte del anciano en el verano de 2023, y el presunto desvío de su patrimonio a su cuidadora y a un párroco, a quienes ha impuesto medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.
La investigación se centra en el fallecimiento del anciano, que cambió su testamento a los 18 días de que la cuidadora investigada comenzara a trabajar para él, en julio de 2023. Mes y medio después, el hombre falleció por una insuficiencia respiratoria sin que se le llegara a hacer la autopsia, fue incinerado y dejó una vivienda para la mujer y 6.000 euros a la parroquia.
El sacerdote y la mujer comparecieron ante la jueza este jueves citados como investigados por presuntos delitos de homicidio y extorsión. La jueza ha impuesto a ambos medidas cautelares consistentes en la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, así como comparecencias en sede judicial cada 15 días, según han informado fuentes del TSJCV.
La causa judicial se incoó a finales de 2023, meses después de que un sobrino del fallecido interpusiera una denuncia ante la Guardia Civil tras descubrir que la cuidadora de su tío figuraba como heredera universal de éste. El juzgado va a continuar practicando diligencias de investigación, como declaraciones de testigos, para el esclarecimiento de los hechos.
Según la defensa del sacerdote, el párroco no tenía relación de amistad ni con la cuidadora ni con el anciano, a quien conocía desde dos años atrás porque acudía a la parroquia y, con la evolución de la enfermedad que sufría, reclamaba su presencia para que le administrara los sacramentos.
Al parecer, el párroco asegura que tan sólo propuso a la mujer como «posible cuidadora» y que tuvo conocimiento de los 6.000 euros legados después del fallecimiento del anciano, cantidad que siempre rechazó y a la que sigue renunciando.
