La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sagunto ha comunicado hoy al exalcalde de Sagunt y actual diputado del PP en Les Corts, Alfredo Castelló, la existencia de indicios de delitos de prevaricación y malversación en su contra por la adjudicación del concurso para la gestión integral del agua en dicha localidad, que se investiga en una de las piezas separadas de la llamada Operación Flotador.
En un auto que le ha sido notificado hoy mismo, la magistrada ofrece al interesado la posibilidad de personarse en el procedimiento para conocer todo lo actuado y de comparecer voluntariamente en el juzgado para alegar lo que estime oportuno, antes de elevar la causa a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dada su condición de aforado.
La jueza investiga presuntas irregularidades en la constitución, en 2009, de Aigües de Sagunt SA, una empresa de economía mixta dedicada a la gestión integral del suministro de agua en la localidad, en la que el Ayuntamiento tiene el 51 por ciento del capital social y la empresa privada Aguas de Valencia SA resultó adjudicataria a través de un concurso público del 49 por ciento restante.
Esa operación mercantil podría haber ocasionado un perjuicio económico de 24 millones de euros a las arcas públicas municipales. Por estos mismos hechos están investigadas otras siete personas: una ex edil, un ex interventor, un ingeniero municipal (no un concejal de la actual corporación como ayer se informó por error), dos ingenieros de Caminos, el responsable de una sucursal bancaria y un ex director general de la empresa adjudicataria.
Estas siete personas fueron detenidas por la Policía y la jueza decretó anoche la libertad provisional de todas ellas, que quedan investigadas en el marco de una causa abierta por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
En el caso del exalcalde y actual diputado autonómico, la investigación realizada hasta el momento arroja suficientes indicios de su participación en los hechos presuntamente delictivos. Sin embargo, la jueza pretende agotar la instrucción antes de elevar, previo informe del Ministerio Fiscal, la exposición razonada al TSJCV para que este órgano resuelva sobre su posible competencia en la causa.
De ese modo, la instructora ofrece al aforado, tal y como recoge el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la posibilidad de comparecer en el plazo de veinte días voluntariamente en el juzgado para conocer las actuaciones y prestar declaración, si así lo desea, en el ejercicio de su derecho a la defensa, “sin que ello implique en modo alguno ni observancia de trámite alguno ni proceder contra él por parte de este órgano judicial”.
El auto precisa que esa comparecencia no constituye “el sometimiento a interrogatorio alguno” e informa asimismo al interesado del derecho que le asiste a presentar de forma alternativa sus alegaciones por escrito.
