La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación sobre los contratos del Patronato Municipal de Turismo correspondientes al ejercicio 2024, un órgano presidido por la concejala Arantxa Miralles y bajo la responsabilidad del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Begoña Carrasco, según han informado el Grupo Municipal Socialista y Compromís en el Ayuntamiento de Castelló .
La portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha explicado que esta decisión llega tras las denuncias presentadas por socialistas y Compromís, y supone «un paso más respecto a las advertencias que ya había realizado la Intervención municipal en un informe técnico».
«Lo que hasta ahora eran advertencias técnicas, hoy pasan a estar bajo investigación», ha señalado Puerta, quien ha remarcado que la Fiscalía ha visto «indicios suficientes» para analizar la gestión de los contratos.
Según ha detallado, durante 2024 más del 70 por ciento del gasto del Patronato de Turismo, más de 680.000 euros, se tramitó mediante contratos menores, evitando procedimientos ordinarios de concurrencia. «El problema no es solo la cifra, es el patrón: actividades previsibles y recurrentes se han adjudicado año tras año como contratos menores en lugar de planificarse», ha denunciado.
En este sentido, ha advertido de que el informe de la Intervención General Municipal apunta que esta práctica podría implicar un posible fraccionamiento de contratos, prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público. «El contrato menor ha dejado de ser una excepción para convertirse en norma», ha insistido.
Puerta ha defendido la «prudencia» mientras duran las investigaciones, pero ha afirmado que «la gestión del gobierno de Begoña Carrasco vuelve a quedar en entredicho» y ha reclamado explicaciones y responsabilidades políticas. «Castellón merece una gestión transparente, rigurosa y a la altura de lo que exige la ciudadanía», ha concluido.
Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Ignasi Garcia, ha recordado que el informe de Intervención del pasado mes de enero ya advertía de «graves irregularidades» en la tramitación de los contratos menores, «incluyendo el incumplimiento de la normativa municipal, la falta de justificación en la adjudicación a determinadas empresas y la no comprobación de sus obligaciones con la administración».
Garcia ha señalado que estos hechos apuntan a un modelo de gestión basado en la adjudicación «a dedo» en lugar de licitaciones abiertas y plurianuales «que garantizarían mejor calidad y precio para la ciudad».
Ante esta situación, Compromís solicitó la creación de una comisión de investigación «para aclarar los hechos y determinar si se trata de una mala praxis o si se ha beneficiado injustamente a determinadas empresas». Sin embargo, esta propuesta fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox.
«El hecho de que ahora la Fiscalía haya abierto diligencias debería hacer entender al gobierno municipal que hace falta una investigación política», ha afirmado Garcia, quien ha criticado la falta de transparencia del ejecutivo local. «Lo que hemos visto hasta ahora es un intento de ocultar la realidad, y ahora son otras instancias las que investigan lo que el Ayuntamiento no ha querido aclarar», ha dicho.
Finalmente, Compromís ha cuestionado la coherencia de Vox, partido al que pertenece la concejala de Turismo, y ha recordado que ha rechazado todas las comisiones de investigación propuestas «mientras públicamente reclama transparencia y colaboración con la justicia».
