La Generalitat presentará un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024 del Gobierno que regula el registro único de arrendamientos y crea la ventanilla única digital, al considerar que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo.
El objetivo es «evitar el perjuicio al sector turístico de la Comunitat Valenciana, que ya lo está notando por la repercusión dañina y los efectos negativos de su aplicación», manifiesta la consellera de Turismo, Marian Cano.
«Estamos a favor de eliminar el alquiler de alojamientos turísticos ilegales, pero consideramos que la norma no tiene las bases jurídicas y técnicas necesarias, como así lo ha ratificado también el dictamen del Consejo de Estado en el expediente 1926/2024», argumenta en un comunicado la también responsable de Innovación, Industria, Comercio.
El Consell está «absolutamente de acuerdo con el Reglamento de la Unión Europea sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y el fin que se persigue, pero absolutamente en desacuerdo con la ejecución que ha diseñado y puesto en marcha el Gobierno central».
«Es importantísimo controlar el alquiler turístico ilegal, pero desde una normativa trabajada con las comunidades autónomas y que resuelva una problemática real», sostiene Cano, para quien «esta norma impone duplicidades innecesarias y limita nuestra capacidad de actuación».
«Soberbia»
El pasado 24 de febrero, la Conselleria presentó un requerimiento previo para corregir las disposiciones del decreto que vulneran la legalidad, «pero el Gobierno de Sánchez ha actuado con soberbia, sin ninguna voluntad de diálogo ni coordinación con los territorios».
«Queremos impedir que se creen duplicidades con los registros autonómicos ya existentes, y que se respete la competencia autonómica para actuar contra ofertas ilegales y ordenar la retirada de anuncios», insiste la consellera.
Por todo ello, exige «una vía real de diálogo para resolver este conflicto competencial, convocando urgentemente a las comunidades autónomas para abordar de forma conjunta la regulación del alquiler turístico».
