La Guardia Civil ha intervenido más de 90 kilos de pescado inmaduro en el puerto de Altea, en el marco de las actuaciones realizadas dentro del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap) y en colaboración con el inspector de Pesca Marítima de la Generalitat Valenciana. Así, ha detectado diversas irregularidades en la captura y comercialización de productos pesqueros frescos.
Durante la operación, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Alicante y el inspector de la administración autonómica reconocieron las embarcaciones presentes en el puerto de Altea, así como la lonja destinada a la comercialización de pescado.
Como resultado, se instruyeron seis actas de infracción y se intervinieron más de 90 kilos de pescado, principalmente pulpo de roca (‘Octopus vulgaris’) y merluza (‘Merluccius merluccius’) inmaduros, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
Las inspecciones realizadas permitieron descubrir que algunos buques locales estaban comercializando partidas de pulpo de roca que no cumplían con el peso mínimo reglamentario de 1.000 gramos, tal y como exige la normativa.
Además, los investigadores localizaron a un particular que intentaba transportar de manera clandestina un envase cerrado con más de siete kilos de merluza inmadura, adquirida directamente de un buque y fuera del marco de la normativa vigente.
Las actuaciones han derivado en la instrucción de seis actas de infracción, imputadas a tres buques pesqueros, dos mercantiles y un particular, por incumplimiento relacionado con la captura, comercialización y adquisición de especies pesqueras fuera de los estándares legales establecidos. Todas las actas se han remitido a la Dirección Territorial de Agricultura de Alicante, que decidirá las sanciones correspondientes.
Sanciones
Los más de 90 kilos de pescado intervenidos fueron depositados en la cámara de la lonja, por lo que quedaron a disposición de la Dirección Territorial de Agricultura y Pesca de Alicante, que posteriormente ha ordenado su entrega a un centro benéfico.
Las irregularidades detectadas podrían constituir vulneraciones graves a la Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana, con sanciones que oscilan entre 601 y 60.000 euros. Además, los buques implicados podrían enfrentarse a la suspensión de su actividad pesquera.
