El sector recibe el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto del grupo socialista, ante la sorpresa de sus socios de gobierno que sí están de acuerdo en ampliar los tiempos marcados a la hora de adaptar la segunda y tercera autorización, a la espera de conocer las conclusiones de la Comisión Bilateral | Si no se aprueba un aplazamiento, en mayo los taxistas tendrán que adaptar sus vehículos para minusválidos antes de saber si se retira este punto de la ley por inconstitucional, con los daños y perjuicios que esto ocasionará
La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi ha dado un paso más en su lucha por el futuro del sector al pedirle a la Generalitat que actúe sin demora y que, antes de que finalice el mes de abril, apruebe una Moratoria de los plazos de adaptación de la segunda y tercera licencia tal y como lo marca la Nueva Ley del Taxi, para evitar procesos judiciales posteriores. Así de tajante ha acudido la presidenta, Isabel Segura, a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para buscar una solución tras recibir el rechazo del grupo parlamentario socialista en Les Corts que ha propiciado que no se haya aprobado este aplazamiento en contra incluso de lo que piensan sus socios de gobierno. “Los grupos parlamentarios de Compromís, Podemos, Ciudadanos y Partido Popular en Les Corts nos han transmitido su sorpresa ante la negativa socialista de firmar esta Moratoria que, según todos ellos, su aprobación es lógica mientras esperamos las conclusiones de la Comisión Bilateral”, asegura la Presidenta.
Es frustrante que en este caso no sirva una mayoría de los grupos parlamentarios que componen la cámara legislativa para aprobar la ampliación del plazo, ya que de ello depende que cientos de familias adapten sus licencias a principios del mes de mayo sin saber si se están hipotecando de por vida, a fondo perdido. “No entendemos la actitud de la portavoz socialista de Infraestructuras en Les Corts, Sandra Martín, que no sólo contradice lo que votan sus socios del Pacte del Botànic, sino que además ni siquiera ha querido reunirse con las asociaciones del taxi afectadas para por lo menos escucharnos y analizar la problemática”, añade Isabel Segura.
Si tras las negociaciones entre la Administración General del Estado y la Generalitat se resuelve la retirada de los artículos 6.2 y 17 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del Taxi de la CV, por su posible inconstitucionalidad, ¿quién se hará cargo de los daños y perjuicios ocasionados?. “La Generalitat debe tomar cartas en el asunto. Si su partido en Les Corts no firma esta moratoria a tiempo, será la Conselleria la que tenga que costear millones de euros en indemnizaciones por el excesivo coste económico que han tenido que invertir cientos de familias sin ser necesario, un dinero público que al final sale del bolsillo de todos los ciudadanos, ¿la población es consciente?, ¿queremos eso?”, concluyen. Sin duda, nuestro objetivo es poder mantener las licencias acumuladas que tanto esfuerzo han costado a nuestros socios, pero en ningún momento queremos perjudicar al resto del sector. Pase lo que pase con las licencias de más, seguiremos luchando para defender los derechos de todos los taxistas frente a los abusos políticos.
