Agentes de la Policía Local de Alicante han realizado 457 intervenciones y han levantado 53 actas de sanción en el primer mes del dispositivo especial de control de infracciones de la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, en el que participan medio centenar de efectivos.
De las 53 actas levantadas, 21 han sido por infracciones graves y el resto leves. Este dispositivo especial estará operativo hasta el 30 de septiembre, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.
El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha considerado que la campaña «está teniendo un efecto directo en la reducción del ruido en el municipio». «Alicante no es una ciudad especialmente ruidosa, pero sí tiene algunos puntos calientes de especial incidencia, en los que se ha puesto el énfasis en este dispositivo», ha apuntado.
En este sentido, ha indicado que «la campaña está cumpliendo con los objetivos de concienciar a la ciudadanía y a los establecimientos sobre la importancia de respetar los límites sonoros, actuando de manera proactiva y disuasoria en las zonas identificadas como más conflictivas y garantizando la aplicación efectiva del régimen sancionador de la ordenanza».
Sanciones
Del total de intervenciones realizadas, 295 se han realizado en el turno de noche, 148 en el de tarde y 14 en el de mañana. El mayor número de intervenciones, 204 en total, han tenido lugar por ruido en viviendas privadas, seguidas de las intervenciones en vía pública (126), en locales y establecimientos (92), en vehículos (22) y en fiestas autorizadas de barrios (13).
La ordenanza de protección contra la contaminación acústica clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las muy graves acarrean multas que van desde 12.001 a 300.000 euros y retirada definitiva de las licencias o autorizaciones correspondientes.
Por su parte, las graves conllevan multas desde 601 euros hasta 12.000 euros con posibilidad de suspensión de la licencia ambiental por un período de tiempo comprendido entre un mes y un día y un año, mientras que en las leves se recogen multas de hasta 600 euros.
Ámbito de actuación
El ámbito de actuación de este dispositivo especial se desarrolla sobre todo en zonas de ocio, calles con alta concentración de establecimientos de hostelería, parques, plazas y áreas residenciales con historial de denuncias por ruido.
Las actuaciones policiales se centran en la atención de denuncias con respuesta inmediata a las llamadas de ciudadanos por molestias de ruido, realización de mediciones sonométricas con equipos calibrados para la efectividad de las sanciones siguiendo lo establecido en la ordenanza, la intervención en la vía pública contra personas o grupos por gritos, cánticos, acelerones y volumen en equipos de música en vehículos que perturben la tranquilidad. También hay inspecciones de locales para comprobar el cumplimiento de la licencia, horarios de cierre, emisión de música y actividades ruidosas.
En este sentido, el dispositivo policial contempla la vigilancia en establecimientos, veladores y terrazas, ruidos en playas y control de consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicas, así como la comprobación del horario de cierre, ruido por aglomeraciones de personas, por arrastre de mobiliario, música en directo o emitida, disposición de los veladores, además de inspecciones del aislamiento y comprobación de limitadores acústicos.
También se contempla la realización de controles en actividades de obra fuera del horario permitido, el uso del llamado escape libre en vehículos o circular con la música alta con las ventanillas del coche abiertas, uso de dispositivos con volumen elevado en la vía pública o que afecten al ambiente exterior sin contar con autorización, ruidos elevados en fiestas particulares en los horarios establecidos salvo los viernes, sábados y vísperas de festivos que se limitará desde la medianoche hasta las 08.00 horas de la mañana.
Todas estas acciones están apoyadas por las mediciones con sonómetros homologados, cuando sea necesario, por la Unidad de Disciplina Urbanística. La Policía Local exige el cumplimiento de la ordenanza y, en caso necesario, requiere verbalmente el cese de la actividad que afecte al descanso vecinal e incluso puede proceder, en casos indicados y con criterios de proporcionalidad, a disolver o desalojar.
