LA UNIÓ de Llauradors considera que la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, no está haciendo todo lo posible para evitar la expansión del Cotonet de Sudáfrica o de les Valls (Delottococcus aberiae) y le pide que adopte ya las medidas fitosanitarias cautelares necesarias para su erradicación.
La realidad es que, en la actualidad, transcurridos ya más de once años desde aquella primera detección en Benifairó de les Valls, la plaga está ya presente en amplias zonas citrícolas del Camp de Morvedre, Camp de Túria y la Plana Baixa.
Cabe señalar que la Conselleria de Agricultura, en función de sus competencias en sanidad vegetal y dada la importante pérdida económica que este organismo nocivo puede provocar en las explotaciones citrícolas, tiene la obligación de emprender aquellas medidas y dotar del presupuesto necesario que impidan la propagación de esta plaga que genera daños económicos importantes provocados por la fuerte deformación que este insecto provoca en los frutos y que comportan su completa depreciación comercial, así como una disminución de la fotosíntesis y la pérdida de vigor en la planta.
LA UNIÓ ha propuesto a lo largo de los últimos meses reiteradas peticiones a la Conselleria de Agricultura en este sentido, sin respuesta por el momento. Una de las últimas fue una solicitud excepcional para que realizara una compra pública este año, mediante la tramitación de emergencia, del sistema de control con feromonas para la plaga del Cotonet. El objetivo era impulsar la implantación de control de esta plaga importada, ante las dificultades que las personas citricultoras tienen en estos momentos para acceder al método, debido a la situación de alarma del Covid-19 y la novedad del mismo. Desde hace más de dos meses, de acuerdo a la normativa comunitaria, se prohíben todos los productos fitosanitarios formulados a base de la materia activa del metil clorpirifos que, hasta el momento, era la herramienta más efectiva para el control de esta plaga. Para este primer año sin dicha materia activa de control, y con el objetivo de evitar una expansión de la plaga, LA UNIÓ proponía la compra pública de este nuevo producto y que se implantara en unas 1.000 hectáreas de las zonas más afectadas como proyecto piloto e impulso de su implantación y se estudiara así la efectividad en una superficie representativa de nuestra citricultura.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ de Llauradors, indica que “cuando hicimos la petición era el momento óptimo para luchar contra la plaga y por ello apelábamos a la urgencia de la tramitación de emergencia mediante la compra pública del producto. Considerábamos que, tras el esfuerzo del sector, de la empresa que fabrica el producto y de la Conselleria en implantar este sistema, era una lástima que no se pudiese controlar la plaga este año por temas administrativos o de desconocimiento del sistema, como así ahora sucede lamentablemente”.
El Gobierno de España y la UE, principales culpables
Pero no toda la responsabilidad pasa por la Generalitat, sino que el Gobierno de España y la Unión Europea son los principales culpables de la llegada de estas plagas a nuestro territorio, ante la falta de un riguroso protocolo y la laxitud de las importaciones que se materializa en un escaso control de las producciones de terceros países que ahora afectan a gobiernos autonómicos como el nuestro y a los bolsillos maltrechos de los propios citricultores.
En este asunto, Carles Peris cree que “es imprescindible un control en origen de las importaciones y el tratamiento de frío para las mismas, de lo contrario auguramos que esta plaga no será la última que ocasione un coste público elevado para las Administraciones y mine también el bolsillo de los agricultores”.
