La Unió Llauradora i Ramadera ha presentado alegaciones a los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica 2028-2033 de las cuencas del Segura y del Júcar, con un objetivo claro de «defender el regadío del sur de Alicante y los derechos históricos de agua de los regantes valencianos» frente a los «recortes».
Se trata del Anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el que se inicia el periodo de consulta e información pública de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica (revisión para el ciclo 2028-2033) correspondientes a las demarcaciones hidrográficas.
La organización denuncia en sus alegaciones que los planes propuestos «ponen en grave riesgo el futuro del regadío valenciano y suponen un nuevo paso hacia el desmantelamiento del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura esencial para la supervivencia de miles de agricultores y del tejido socioeconómico del sur de la Comunitat Valenciana», ha explicado la Unió en un comunicado.
En este sentido, reclama que los nuevos proyectos se enfoquen de forma prioritaria en la provisión de agua de calidad y en cantidad suficiente para el sector agrícola valenciano.
«No podemos permitir más ataques»
En palabras del secretario general de la Unió, Carles Peris, «no podemos permitir más ataques al trasvase Tajo-Segura ni que se cuestionen los derechos de agua del campo valenciano. Exigimos que se garantice el acceso al agua para mantener la actividad agraria y la economía que de ella depende».
Los principales motivos esgrimidos en las 29 alegaciones presentadas se resumen en «la falta de rigor en la planificación, con estimaciones hídricas alejadas de la realidad agrícola del territorio».
«Existe una ausencia de medidas efectivas de reutilización de aguas regeneradas, incumpliendo el Reglamento europeo 2020/741 en la posible vulneración de la normativa europea y estatal, así como las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Supremo español. No se han incorporado recursos autorizados, pero no utilizados, como los 16 hm3 asignados a la Vega Baja y, finalmente, en que el proyecto no prioriza el uso agrícola, a pesar de ser un sector estratégico y afectado por la escasez hídrica», indica la Unió en sus alegaciones.
Las alegaciones subrayan asimismo que el sector agrario «no es responsable de la sobreexplotación estructural del agua, sino su principal víctima». Así lo reconoce la Recomendación de la Comisión Europea del 4 de junio de 2025 sobre eficiencia hídrica, que advierte del riesgo que supone para la agricultura la escasez de agua provocada por el cambio climático.
En consecuencia, la Unió ha solicitado en primer lugar la retirada del actual expediente de planificación por carecer de base legal y técnica suficiente. En caso de no aceptarse esta premisa, se ha solicitado «la incorporación real y efectiva de los derechos hídricos del regadío valenciano en la planificación futura y la defensa firme del trasvase Tajo-Segura como infraestructura irrenunciable para el sur de Alicante».
«Estamos hablando del sustento de miles de familias y de la soberanía alimentaria de nuestro territorio. No vamos a permitir que se deje morir el campo del sur de Alicante y el resto del regadío valenciano por decisiones políticas alejadas de la realidad», ha concluido la Unió.
