El bailarín granadino Rafael Amargo ha sido puesto en libertad provisional con cargos por la titular del juzgado de instrucción nº 2 de Alicante, en funciones de guardia, tras ser detenido la madrugada del viernes al sábado en Alicante por un presunto delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad.
La detención del popular bailarín se habría producido a raíz de una denuncia interpuesta el pasado mes de julio por los vecinos de su piso en la calle Espíritu Santo de Madrid, por presunta venta de droga.
La detención se producía a la llegada de Amargo a Alicante, a donde llegaba según él para actuar en un local situado junto a la Rambla, cerca de la concatedral de San Nicolás, actuación que dejó sin atender.
Amargo pasaba este sábado a disposición judicial, y está siendo investigado inicialmente por un delito contra la salud pública, un delito de atentado contra la autoridad y dos delitos de lesiones, sin perjuicio de ulterior calificación.
Durante su declaración, el bailarín relató a la magistrada su difícil situación económica, que le habría llevado a viajar una vez por semana a Alicante para actuar en un local por 200 euros. En una declaración en la que sólo ha respondido a las preguntas de su abogada, Amargo ha asegurado ser inocente de los cargos que se le imputan, negando dedicarse a la venta de droga y asegurando que sus contactos con los estupefacientes se circunscriben al consumo propio.
También ha explicado que está bajo tratamiento por enfermedad, y que se hace cargo tanto de sus padres como de sus hijos. Su situación económica se habría visto agravada por el bloqueo de sus cuentas al comienzo de la actual investigación, que le han llevado incluso a tener que vender su vivienda.
La jueza ha decidido su libertad provisional imponiéndole como medidas cautelares la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado nº 27 de Madrid, que es el competente al tener ya causa abierta por estos hechos, y también la prohibición de salir del país.
La jueza ha denegado la prisión provisional eludible con fianza de 6.000 euros que pedía el Ministerio Fiscal porque entiende que «no concurre un riesgo tan alto de fuga» que haga imprescindible esa medida, y existen «otras alternativas» como las comparecencias quincenales y la prohibición de abandonar el territorio nacional.
En este sentido, la magistrada justifica su decisión en que el investigado «tiene ya retirado el pasaporte» por otro juzgado de Instrucción de Madrid, donde está realizando presentaciones quincenales sin que conste incidencia alguna, y «tiene arraigo en España, donde es un personaje público, lo que hace difícil que pueda eludir la acción de la Justicia».
