La Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA), que representa a cerca de 200.000 socios, teme que la modificación de la ley autonómica de puertos allane el terreno a grandes grupos empresariales que quieren convertir los históricos clubes en “aparcamientos de yates”
La Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA), formada por 128 entidades náuticas deportivas sin ánimo de lucro y que representa a cerca de 200.000 socios en todo el país, se muestra “muy preocupada” por el anuncio de la modificación de la Ley de Puertos de la Comunidad Valenciana impulsada por el pacto tripartiro (PSOE, Compromís y Podemos) y advierte de que, de salir adelante, “abrirá las puertas a la especulación portuaria y cerrará el acceso al mar a los ciudadanos”.
La Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Comunidad Valenciana pretende saltarse la ley vigente, aprobada hace apenas un año y medio, y sacar a concurso las instalaciones de los clubes náuticos, cuya función social y deportiva, así como su aportación a la vertebración de los municipios, fue expresamente reconocida en dicha norma y en la propia Ley de Puertos del Estado.
La excusa de la Generalitat, que no el argumento, es la preeminencia de la Ley de Mercado Único y la supuesta obligatoriedad de que la legislación portuaria autonómica se adapte a ella. Pero ni una cosa ni la otra son ciertas, como así lo ha reconocido ya el Tribunal Constitucional, pese a lo cual los dirigentes valencianos siguen empecinados en sentenciar a los clubes náuticos, entidades sociales que promueven los deportes del mar y la cultura marítima en España como no lo hacen ni las administraciones públicas ni, por supuesto, las marinas privadas, mal llamadas “puertos deportivos”.
INTERESES OCULTOS
En estas circunstancias, la CEACNA entiende legítimo sospechar que la Generalitat Valenciana defiende intereses ocultos que no revela: por un lado, el ánimo de aumentar la recaudación mediante la subasta de los puertos cuyas concesiones están a punto de expirar, aunque ello conlleve liquidar la náutica social que representan los clubes náuticos; y por otro, allanar el terreno a los grandes grupos empresariales (con soporte de opacos grupos de inversión) que, desde hace más de diez años, intentan montar sus aparcamientos de yates en las instalaciones históricamente gestionadas por los clubes náuticos. El fiasco del Grupo Marsans en el Club Marítimo de Mahón (Baleares), despojado de sus amarres para favorecer a una empresa privada que utilizó la concesión para alzar bienes y que luego fue a la quiebra, es un precedente muy claro del modelo que el tripartito valenciano pretende implantar en la comunidad.
El ataque del tripartito a los clubes náuticos es, sin duda, uno de los más graves que se han producido en los más de 100 años de historia de náutica deportiva en España. Los dirigentes políticos que promueven la privatización salvaje de los puertos deportivos saben perfectamente que los clubes carecen de potencial económico para hacer frente a la amenaza especuladora, y también saben, porque así lo reconocieron hace menos de dos años al aprobar la Ley de Puertos de la Comunidad Valenciana, que la función deportiva que éstos desarrollan con la base en insustituible. Llama poderosamente la atención, por tanto, que un gobierno que se hace llamar “progresista” anteponga de una manera tan descarada el beneficio económico a corto plazo al beneficio social.
La CEACNA mantendrá a finales de esta semana, aprovechando la celebración del II Simposio de Clubes Náuticos en Palma de Mallorca, una reunión para decidir las acciones que se llevarán a cabo en defensa de los clubes valencianos. Entre las medidas que se propondrán está la de coordinar la comunicación urgente de los hechos que se están produciendo en la Comunidad Valenciana a los 200.000 socios de los clubes integrados en la confederación, a fin de que toda la masa social representada esté puntualmente informada de la situación.
El objetivo es trasladar la preocupación ya existente en las juntas directivas a las bases de los náuticos y marítimos de España para que los asociados se sumen a título personal a la defensa de sus derechos y contribuyan por sus medios a divulgar tanto la función de los clubes náuticos como los ataques que éstos sufren desde ciertos poderes públicos y económicos.
