La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha hecho un llamamiento a la movilización de los transportistas ante la crítica situación del sector y el abandono del Gobierno Central. Tras una reunión mantenida con los responsables de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) convocó ayer por la tarde un paro nacional de la actividad entre las 24 horas del día 19 de diciembre y las 24 horas del 22 de diciembre, a la que se suman también los transportistas valencianos.
“Llevamos desde febrero de 2020 reclamando medidas que atiendan a las principales problemáticas del sector y no hemos sido escuchados. Somos un sector estratégico para la economía del país y no podemos ser tratados de este modo”, explica Carlos García, secretario general de FVET.
En concreto, a nivel nacional, el sector del transporte factura 30.000 millones de euros al año y aporta alrededor del 3% del PIB. En la Comunidad Valenciana operan 14.800 empresas y 94.000 conductores profesionales. “Somos la tercera comunidad autónoma, por detrás de Cataluña y Andalucía, con mayor volumen de mercancías transportadas en 2020, con un total anual de 232.989.400 toneladas con origen o destino Comunidad Valenciana, un 16% del total nacional”, añade el secretario.
Abandono del Gobierno Central
La carga y descarga, el compromiso de no implantar ninguna Euroviñeta sin el consenso del sector, la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales, el trato vejatorio que reciben los conductores y la incapacidad de aplicar la cláusula de revisión del coste del combustible -en un momento en el que se está produciendo una escalada de su precio de un 25% respecto al año anterior- son las principales problemáticas con las que se encuentra el sector.
Respecto a la carencia de conductores por la falta de atractivo de la profesión, el Comité añadía en la carta que envío al Ministerio a finales de octubre que “tampoco las empresas de transporte, mayormente en situación de supervivencia, están en condiciones para pagar unos sueldos muy superiores, que en ningún caso van a compensar ese maltrato” en las instalaciones de los clientes.
“Hemos agotado los canales razonables de negociación y, ante este abandono, nos vemos obligados a plantear un cese de actividad”, concluye García. Desde la patronal señalan que “solo un cambio radical y urgente por parte de Gobierno y clientes podría evitar este conflicto”.
