El informe del Síndic de Greuges presenta un escenario nuevo, casi la mitad de las quejas que los ciudadanos le presentaron en 2016 son por asuntos de Educación. La cifra media de protestas de esta temática ha aumentado un 130% respecto a 2015 acaparando 5.259 quejas. Ha roto todas las estadísticas de reclamaciones en este sector. Esto, en círculos más desenfadados, se llama entrar como elefante en cacharrería.
Mientras Educación supera todos los récords históricos en las oficinas del Síndic y los valencianos se preocupan más por el nuevo sistema educativo que por la Sanidad o el Derecho de Género, el programa “la Dipu te Beca” se propone generar más desigualdad entre los valencianos dejando en manos de los ayuntamientos la decisión de incluir o no a los estudiantes de universidades privadas en las convocatorias. Es otra manera de crear distinciones. Que se vaya preparando la oficina del Síndic para un aluvión de quejas en esta dirección. Entre otras, la de Ciudadanos (Cs) ya que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante tal injusticia.
Hace menos de un año, el diputado socialista, Bartolomé Nofuentes, destacó que las becas están destinadas “a los jóvenes valencianos con independencia de dónde estén estudiando”. Además, explicó que todas las becas que dará la Diputación se basarán en criterios de renta. Por lo tanto, es incomprensible que la decisión de incluir o no a los alumnos de los centros privados recaiga sobre los ayuntamientos.
El giro de la Diputación con las becas es sorprendente porque tanto Compromís como PSPV votaron a favor de que la corporación provincial colaborase con las universidades privadas. Se entiende todavía menos al leer el programa electoral del PSOE, que está lleno de referencias a una educación igualitaria. Habla de un “sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades”y propone un plan de recuperación del talento en colaboración con las universidades valencianas. ¿Acaso el talento solo recae en las universidades públicas? Imaginamos que el Conseller Marzà, con su máster en la Universidad privada Ramón Llull, opina como Ciudadanos y sabe que el talento no entiende de lo público y lo privado.
Esperemos, de no cambiar nada, que los ayuntamientos sean conscientes de que excluir de las becas de prácticas a los estudiantes de universidades privadas vulnera normas autonómicas y nacionales, entre ellas el Estatuto de Autonomía y la Constitución.
Por ello, Ciudadanos está actuando en diferentes frentes. Por un lado, vamos a recurrir el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Corporación provincial. Lo haremos porque la Diputación debe garantizar el acceso a las ayudas que introducen al mundo laboral a nuestros jóvenes sin que exista discriminación alguna.
Por otro lado, Cs presentará iniciativas en todos los ayuntamientos donde tiene representación para conseguir que ningún estudiante se vea discriminado por la universidad donde estudie. Se trata de instar a todas las corporaciones municipales a no valorar el tipo de universidad en sus respectivas convocatorias de la Dipu te Beca.
Todas estas acciones tienen el objetivo de asegurar la igualdad de todos los estudiantes. Si la Diputación no vela por este derecho, nosotros estamos trabajando para que los ayuntamientos sí lo hagan. No podemos ver como la Diputación favorece que algunos ayuntamientos discriminen a los universitarios y no hacer nada.
