La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha intervenido en el Fórum de ‘Nueva Economía’, donde ha sido presentada por la presidenta del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán | Oltra ha defendido que la Comunitat Valenciana tiene que formar parte del debate de reforma constitucional para que su ciudadanía deje de ser «invisible» | Igualdad dotará a la Comunitat Valenciana de un ‘Codi Social’ para reconocer «el derecho universal a los servicios sociales como propios e inalienables»
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado hoy que en un momento en el que se habla tanto de la identidad de los pueblos, desde el Consell se ha apostado por hacer «de la recuperación y normativización de los derechos sociales una bandera de justicia», y un «elemento identitario de los valencianos y de las valencianas».
Oltra ha intervenido en el Fórum de ‘Nueva Economía‘, donde ha sido presentada por la presidenta del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, la primera mujer que ostenta este cargo, y a la que ha agradecido que sea «el espejo en el que muchas mujeres se miran cuando hablan de igualdad».
La vicepresidenta, que ha centrado su intervención en hablar de «visibilidades e invisibilidades», ha recordado que el papel de los poderes públicos es el de «salvaguardar a los invisibles, a los marginados, a las personas que están en riesgo de exclusión o ya han sido excluidos» y ha defendido que es en este espacio donde la política tiene que desplegar «la cara más noble de su actividad».
«Vivimos en una época donde las banderas sirven para esconder o recortar derechos y la patria enmascara a las personas, donde la testosterona sustituye al diálogo y los patriotismos épicos sustituyen las identidades cívicas», ha constatado Oltra, quien ha señalado que ante esta situación el Gobierno valenciano apuesta por la recuperación del sistema público de protección social como elemento identitario.
En este sentido, ha defendido que un sistema potente que garantice el cumplimiento de los derechos sociales «puede ser un rasgo definitorio del pueblo valenciano porque puede contribuir a crear una identidad basada en un patriotismo de la gente», que sirva para «cohesionar la sociedad a través de un sistema de bienestar y protección del cual los valencianos y las valencianas puedan sentirse orgullosos».
Oltra ha calificado de «paradójico» que en estos tiempos de crisis, «cuando más necesidad había de protección social, haya sido cuando se cuestionen y reduzcan al mínimo los servicios sociales». A pesar, ha continuado, de que está «ampliamente demostrado que la inversión social crea empleo y activa la economía», y por ello ha incidido en la «responsabilidad» de los poderes públicos a la hora de responder a las «necesidades de la gente».
Al respecto, ha precisado que un estudio de la Universitat de València señala que la nueva Renta Valenciana de Inclusión generará un retorno económico a las arcas públicas de 1,12 euros por cada euro invertido y 1,4 euros de retorno directo por la actividad económica que se genera en la actividad relacionada con la denominada ‘cesta de la compra’ en términos económicos.
En esta línea, y como ejemplo del compromiso de la Conselleria por unos servicios sociales dignos, Oltra ha destacado que desde julio de 2015 se ha pasado de 237 personas trabajando en los equipos sociales de base subvencionados por la Generalitat a 1.399 en 2017 y la previsión es de 1.573 en 2018. Es decir, las contrataciones de empleados vinculados al nuevo modelo social se han incrementado un 346% desde que empezó la nueva legislatura. Se trata de empleos «bien remunerados, cualificados y no deslocalizables», ha apuntado la consellera.
‘Codi Social’
La vicepresidenta se ha referido en este punto al trabajo que desde su departamento se está haciendo en este sentido, y ha citado el ‘Codi Social’, como un elemento crucial en este camino, que tiene como finalidad reconocer «el derecho universal a los servicios sociales como propios e inalienables», frente «a otro imaginario que se intenta abrir camino, y según el cual los derechos de las personas dependen del poder adquisitivo que tienen».
La Ley de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, conocida como Ley Trans, la Ley de políticas integrales de juventud o la que regulará la renta valenciana de inclusión, son algunas de las normas que ya se han aprobado y que integrarán el Codi Social, junto a la futura ley de infancia y ley de reconocimiento de los derechos LGTBI.
Oltra, quien ha destacado que el gran trabajo reglamentario que se ha hecho durante los últimos dos años y medio y que ha duplicado lo hecho en los cuatro años anteriores, ha afirmado que se están «sentando las bases de un cambio de modelo social profundo», que culminará con la futura ley de servicios sociales inclusivos, como elemento transformador de «la concepción asistencialista propia de las antiguas políticas sociales, hacia una concepción moderna de derechos subjetivos y alcance universal».
«La desigualdad y la exclusión social son el resultado de estructuras sociales, económicas, políticas y culturales que acaban por expulsar a las personas y hacerlas invisibles», ha insistido y ha añadido que esto ocurre más cuando en momentos de crisis «los derechos sociales que protegen a todos y a todas, igual que lo hace el derecho a la sanidad o a la educación», han sido «los grandes olvidados del estado del bienestar».
La invisibilidad de los valencianos y valencianas
La vicepresidenta ha señalado que víctima de esta «invisibilización», junto a los servicios sociales y la situación de discriminación que padecen las mujeres, también están los valencianos y las valencianas que también son «invisibles» para el Estado, al que ha acusado de infringir el artículo 156 de la Constitución, que establece que las comunidades autónomas gozarán de la autonomía financiera suficiente para el desarrollo de sus competencias, así como el primero de la Carta Magna, que define a España como un Estado social y democrático.
«Un debilitamiento del estado de las autonomías o no dotarlo de los recursos suficientes, supone reducir la intervención en políticas educativas, sanitarias o sociales», ha advertido y ha añadido que si a esto se le suma «la infrafinanciación y la falta de inversiones, el resultado es un cóctel que afecta al conjunto de los valencianos y las valencianas, eliminándoles oportunidades, amputándoles derechos y convirtiéndolos en ciudadanos y ciudadanas de segunda».
Oltra ha afirmado que la actual Constitución presenta «síntomas inequívocos de agotamiento», y por ello ha abogado por una reforma «en defensa de los intereses del pueblo valenciano», que debe incluir un compromiso con los valores globales que caracterizan a las democracias avanzadas, como la lucha contra el cambio climático o la transición económica de la economía, así como un desarrollo de los derechos de las personas, «dedicando especial atención a la lucha contra la violencia de género».
Asimismo, ha apuntado que la reforma debe diseñar un nuevo modelo democrático del Estado y de sus mecanismos de funcionamiento que avancen hacia «un gobierno abierto y con estímulos para la transparencia», y la articulación de un Estado federal que diseñe «un sistema leal, representativo y eficiente de corresponsabilidad política entre los diferentes niveles de gobierno», para lo que hace falta un sistema de financiación que asegure el autogobierno y el ejercicio de las competencias de cada ámbito.
Esta «necesaria reforma constitucional tiene que hacerse con el concurso de las comunidades autónomas que representan la diversidad territorial», ha manifestado, y ha señalado que en particular la Comunitat Valenciana tiene que formar parte de este debate «para dejar de ser invisible» y porque ha llegado el momento de «ser parte activa de los nuevos tiempos que se aproximan».
