La Fiscalía de Valencia solicita una pena de 10 años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual a una joven de 21 años a la que conoció en una discoteca de Valencia la noche del 31 de agosto de 2024 y con la que luego se fue a su casa de la localidad valenciana de Bétera.
Así se desprende de la calificación fiscal, adelantada por Las Provincias, en la que el ministerio público atribuye a Rafa Mir un delito de agresión sexual y otro contra la integridad física.
Junto a la pena de prisión, la Fiscalía solicita que se imponga al futbolista la prohibición de aproximación y comunicación por tiempo de 10 años, respecto de la víctima, e inhabilitación especial para toda profesión u oficio que implique contacto con menores por tiempo superior en ocho años, así como libertad vigilada por siete años, posterior a la pena privativa de libertad.
En la causa también figura como acusado un compañero de Mir, Pablo, para el que la Fiscalía pide tres años de prisión y el pago de una multa por agredir sexualmente a una segunda joven, de 25 años, a la que presuntamente hizo tocamientos hasta en tres ocasiones en la piscina pese a la negativa de ella.
Tanto Rafa Mir como su compañero, Pablo, fueron procesados el pasado mes de octubre de 2025 por la jueza titular de la Plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria por sendos delitos de agresión sexual, en el caso de Rafa Mir con acceso carnal y empleo de violencia.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio del ahora jugador del Elche CF, en una urbanización de la localidad valenciana de Bétera, concretamente en la piscina y en un cuarto de baño.
Rafa Mir fue arrestado a principios de septiembre de 2024 tras una denuncia interpuesta por una mujer por presunta agresión sexual. Un día después fue detenido su compañero, Pablo, por su supuesta relación con estos hechos.
El futbolista Rafa Mir negó, tras su puesta en libertad, haber cometido la agresión sexual y solicitó que se respetase la presunción de inocencia.
Su defensa indicaba en un comunicado que debía respetarse la presunción de inocencia de Rafa Mir, pues así lo impone tanto la Constitución Española como la Directiva europea 2016/343, y señalaba que el proceso penal iba a servir «para esclarecer los hechos». «Se evidenciará que la imputación no se sostiene», dijo en ese momento.
