Los dos investigados en la causa penal por la gestión de la emergencia generada por la dana del 29 de octubre, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, han descargado toda la responsabilidad en técnicos y subordinados, y han excluido al president, Carlos Mazón, de cualquier decisión aquella jornada.
Ambos han comparecido este viernes ante la jueza de Instrucción 3 de Catarroja y han respondido únicamente a las preguntas de sus respectivos letrados, durante casi tres horas en el caso de la exconsellera y poco más de una su entonces número dos en esa catástrofe, que dejó 227 víctimas mortales y una desaparecida.
Según ha podido conocer de fuentes presentes en la declaración, Pradas ha admitido, entre sollozos y varias interrupciones por su estado emocional, que no tenía experiencia alguna en la gestión de Emergencias.
Pradas desempeñó la funciones de consellera de Justicia e Interior desde julio de 2024, tras la salida de Vox del Gobierno valenciano, hasta el 22 de noviembre, cuando fue destituida por Mazón.
Su defensa ha aportado al sumario de la causa un listado de llamadas efectuadas durante la jornada de la dana, entre ellas al president de la Generalitat, aunque no ha trascendido cuántas de ellas se dirigieron a Mazón y si fueron o no respondidas; tampoco su letrado, Eduardo de Urbano, ha revelado esa información al atender a los medios al finalizar las declaraciones.
Pradas ha responsabilizado también a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, porque, a su juicio, ejercía como codirectora del ente gestor de la emergencia, al tiempo que ha negado que el envío del mensaje Es_Alert se retrasase porque se esperase instrucción o permiso alguno del president, sino por el trámite que siguieron los técnicos de Emergencias.
Por su parte, Argüeso ha seguido una estrategia similar al señalar directamente al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, al exresponsable de los bomberos del Consorcio Provincial José Miguel Basset, al presidente de la CHJ, Miguel Polo, e incluso al gabinete de prensa de Emergencias de la Generalitat de no haber canalizado la información sobre lo que sucedía «fuera» aquella jornada.
Preguntado por el president de la Generalitat, Argüeso ha asegurado que no fue convocado al Cecopi, porque no forma parte de este organismo y que, una vez llegó, su puesta al día no se demoró «ni tres minutos».
Ha acusado a Jorge Suárez (sigue en el cargo) de indicar que «no había que hacer caso a las llamadas del 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas» (según consta en un informe oficial aportado a la causa, el 112 recibió ese día 19.821 llamadas y gestionó 4.770 incidentes en Valencia), y a Basset de «callarse» la información sobre la retirada de los bomberos que vigilaban el Poyo.
En su opinión, hubo tres errores aquel 29 de octubre: la retirada de los bomberos forestales (admitida recientemente por Basset y justificada en que observaron un descenso del caudal), la información sobre los caudales facilitada por la CHJ, que según ha insistido no llegó al Cecopi, y la presencia de forma telemática de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
La entrada al juzgado de ambos investigados ha estado precedida de protestas por varios colectivos de afectados por las riadas y envuelta en una gran expectación mediática, al contrario que su salida del edificio, por puertas secundarias y evitando a los medios de comunicación.
Los colectivos de víctimas y damnificados por la dana han exhibido varias pancartas y una imagen de gran tamaño de Mazón con las manos ensagrentadas, han coreado lemas como «asesinos» o «Mazón dimisión» y han pedido a los dos ex altos cargos que fuesen honestos y dijesen «la verdad».
Ambos son por el momento los únicos investigados en la causa que instruye la jueza de Catarroja, quien ha citado a declarar el próximo lunes en calidad de testigos a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.
