PSPV-PSOE y Compromís han pedido este lunes al Partido Popular que aclare por qué supuestamente se transfirieron casi 60.000 euros al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, al que está investigando el juzgado de instrucción número 4 de Castellón para saber si ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.
La secretaria de Organización del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló y alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, al pedido al Partido Popular de Castelló que, «de manera urgente», aclare en concepto de qué se realizaron las supuestas transferencias por valor de 60.000 euros a una sociedad de Carlos Fabra.
Pérez ha destacado en un comunicado que el PP de Castelló «tiene la obligación política y moral de despejar cualquier tipo de duda respecto a este caso si quiere demostrar que ha superado la etapa de corruptelas de su partido».
Para la socialista Pérez, «estamos ante un caso judicializado que respetamos y que habrá que esperar a ver cómo avanzan las investigaciones pero, desde el punto de vista político, el partido del señor Miguel Barrachina tiene que dar explicaciones urgentes respecto a estas noticias, que apuntan a un supuesto traspaso de dinero a una sociedad cuyo administrador único era Carlos Fabra y en la que, supuestamente, solo habría ingresos del PP. Su manera de hacer política ya la conoce toda la provincia, y esta parece un ejemplo más».
Tal como ha apuntado la secretaria de Organización, «si el presidente del PPCS Miguel Barrachina no aclara esta situación, demostrará que antes, ahora y siempre han dado cobertura a las prácticas corruptas». Asimismo, Pérez ha recordado que la semana pasada también se conocían nuevas condenas por la trama Gürtel y, hoy mismo, se ha conocido que el juez «ha dado luz verde a investigar otro expediente de 23 millones durante los Gobiernos de Aguirre en el caso de la caja B del PP».
A este respecto, Pérez ha apuntado que «las únicas noticias que tenemos del PP son por los abusos que perpetraron cuando estaban en las instituciones y que al partido socialista denunció, tanto en su labor de fiscalización en la oposición, como en los juzgados. De contar con todo el dinero que robaron hubiera permitido tener una Generalitat más saneada», ha añadido la secretaria de Organización en relación al caso de la visita del Papa.
«El PP de entonces no difiere en nada con el PP de ahora, ya que, los de ahora son hijos políticos de algunos que han sido condenados; y lo más lamentable es que estén dejando pasar la oportunidad de pasar de ser el partido de la corrupción al partido de la responsabilidad y convertirse en un partido útil en tiempos difíciles como los que estamos viviendo», ha concluido.
Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en les Corts, Mònica Àlvaro ha asegurado que, «de nuevo el PP vuelve a situar a Castelló en el mapa de la supuesta corrupción y de nuevo aparece la sospecha de que muchas de las adjudicaciones realizadas desde instituciones gobernadas por el PP podrían haber sido ‘a dedo’ a cambio de favores económicos».
Compromís pregunta al PP quién autorizó los pagos a Fabra
La portavoz adjunta de Compromís en les Corts, Mònica Àlvaro, ha exigido a los actuales responsables del PP, que compartieron cargos con Fabra, y en concreto a Isabel Bonig, que «aclaren los motivos de los pagos de ese dinero».
De hecho, Àlvaro ha exigido a la mandataria del PP que detalle «quién autorizó pagos de casi 60.000 euros del PP a Carlos Fabra y en qué concepto, ya que así consta en el auto judicial».
Para Álvaro, «por fuentes judiciales hemos conocido que había préstamos por valor de 1,4 millones de euros a fondo perdido, ingresos opacos con una entramado de empresas, procedentes de la actividad política de Carlos Fabra y un total de 27 imputados que pueden dar cuenta de la magnitud del saqueo sistemático a la que el PP sometió a la provincia de Castelló».
Compromís considera que el PP todavía «no ha dado la cara ni explicaciones» y le instan a aclarar «por qué el señor Fabra tenía relaciones y préstamos sin devolución derivados de su actividad política».
