La jueza que instruye el caso Azud ha decretado el ingreso en prisión incondicional para el exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, y el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, así como para tres empresarios imputados en el caso Azud, que investiga el cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València.
Tras prestar declaración este sábado en las dependencias de la Guardia Civil en Patraix un total de 13 detenidos esta pasada semana por agentes de la UCO, la jueza que instruye la causa, que se halla bajo secreto de sumario, decidía a última hora de la jornada la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de cinco de ellos al apreciar riesgo de destrucción de pruebas.
Los otros ocho comparecientes quedaron en libertad provisional pero se les ha retirado los pasaportes, se les ha prohibido salir del territorio nacional y tienen la obligación de presentarse semanalmente en sede judicial. En este nivel de medidas está José Luis Vera, jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, empresa pública de la Diputación de Valencia.
Esta fase de la operación policial que se desarrolló entre el jueves y viernes pasado ha comprendido, además de las mencionadas detenciones, también la práctica de 46 registros en empresas, despachos profesionales y domicilios particulares de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid.
El caso Azud comenzó a instruirse en 2017 pero no salió a la luz pública hasta 2019, cuando fue detenido el abogado y cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, e investiga el cobro de comisiones irregulares en el periodo comprendido entre 2004 y 2011.
En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales.
El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
