El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha vuelto a mostrarse reacio a cesar al concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, en el Pleno del mes de octubre celebrado hoy en el hemiciclo municipal. Su respuesta ante el clamor popular contra un fraude que a todas luces ha evidenciado una pésima gestión de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), es que la responsabilidad de lo ocurrido es enteramente de la ex empleada ya despedida y de la entidad bancaria Caixabank, a través de la cual ésta habría podido realizar ocho transferencias tras ser engañada por un supuesto responsable de una consultora.
Defendía así el alcalde al concejal Grezzi, para él intocable, pero al hacerlo ha volcado en Caixabank toda la responsabilidad. Mientras tanto, la entidad bancaria habla de negligencia grave y que está fuera de su control lo que el cliente ordena específicamente y por escrito.
Ribó reforzaba su tesis con el anuncio ante el Pleno de que ya se ha planteado una demanda en Hong Kong, y se ha conseguido retener parte del dinero robado: se han congelado en cuenta corriente 1’3 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 150.000 euros), y la EMT se ha personado para iniciar las acciones legales que le permitan recuperar el capital hurtado. Además, la empresa de transportes ha realizado un requerimiento a la entidad bancaria para que devuelva el dinero que transfirió «sin atender los pertinentes protocolos». De manera paralela, se ha exigido responsabilidad ante los tribunales a la ex-directora de negociado de la EMT, como responsable de las transferencias «por no actuar con la diligencia debida».
El alcalde y presidente de la Junta General de la EMT, Joan Ribó, ha comenzado su intervención en el Pleno con un relato de lo acaecido, en el que ha vuelto a señala como responsables de los hechos de la ex-directora de negociado de la EMT y a la entidad bancaria Caixabank, que según su relato realizó ocho transferencias en diecisiete días sin tener las firmas originales, como es preceptivo, dirigidas a Hong Kong, paraíso fiscal incluido en la lista de referencia del gobierno de España.
Pero los grupos de la Oposición no se han quedado callados y han criticado duramente la manera en que el Gobierno municipal ha gestionado este asunto, y han solicitado la dimisión del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi. El concejal de Vox Vicente Montañez ha denunciado la «falta de información a la oposición». El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha exigido que el fraude de 4 millones de euros no repercuta sobre la ciudadanía, y ha acusado a la gerencia de la EMT de «falta de control». Finalmente, la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha acusado al concejal Grezzi de «mentir reiteradamente» y ha lamentado el «bochorno» por la postura del Ayuntamiento ante las explicaciones de la entidad financiera, que ha rechazado «cualquier responsabilidad» en el fraude.
El alcalde ha dado la ‘vuelta a la tortilla’ afirmando que tanto Ciudadanos como el Partido Popular «presentan una acusada tendencia a enmascarar, ocultar o disimular responsabilidades evidentes de la ex-directora de negociado de la EMT presuntamente implicada, por los motivos que sea: compañerismo entre antiguos trabajadores directivos de la EMT, o una eventual vinculación con la persona investigada», y ha afirmado que «si esta persona y la entidad financiera hubieran seguido los protocolos que tenían establecidos, no estaríamos hablando de los cuatro millones, ni de dos ni de ninguno, porque la estafa a la EMT no se habría producido».
Caixabank advierte que irá por la vía legal si se le sigue acusando
Pero la entidad bancaria ya ha dado el siguiente paso en este caso, afirmando en el informe remitido el pasado 24 de octubre que no es reponsable de un caso claro de negligencia grave del cliente, «dándose en este supuesto circunstancias excepcionales e imprevisibles que están fuera del control de la entidad», ha respondido al requerimiento del consistorio para que reponga el dinero abonado.
Sin embargo, Caixabank ha aportado documentación confirmando que las órdenes de transferencia fueron “expresamente transmitidas” por el cliente. Según consta en el citado informe, la entonces empleada de EMT solicitó y notificó telefónicamente la realización de las transferencias objeto del fraude enviando las órdenes de pago desde su dirección de correo electrónico corporativa.
De hecho, Caixabank señala que no fue hasta casi un mes después de la primera transferencia, realizada el día 3, cuando EMT solicitó el bloqueo inmediato y la anulación del usuario de la jefa de Administración en banca ‘online’ por haber sido despedida.
Por último, la entidad bancaria ha advertido que si desde el Ayuntamiento de Valencia se sigue insistiendo en las acusaciones vertidas por Ribó y su equipo, se reserva acudir a la vía judicial para preservar su buen nombre. Caixabank entiende que desde la cúpula de EMT se pretende trasladar a esta entidad “las resultas negativas de un conjunto de irregularidades internas” que se habrían producido en la empresa.
