Ha comenzado a juzgarse este martes en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, una pieza separada del conocido como ‘caso Brugal’, en el que se sientan en el banquillo de los acusados políticos y empresarios alicantinos de renombre, comenzando por el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente y otros 12 acusados, entre ellos el empresario Enrique Ortiz, centro de toda la trama Brugal.
Las defensas del propio Ripoll, y las de los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory, han pedido en la sesión inaugural de la causa que se anulen las escuchas telefónicas en las que se sostiene la acusación, algo que ya se produjo en otras vistas del caso. Las defensas de los demás acusados han anunciado que se van a acoger a esta misma petición.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel para 13 acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicas por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja. José Joaquín Ripoll se enfrenta a una petición de condena de 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación. Por su parte, Mónica Lorente se enfrenta a una petición de condena de 4 años de cárcel y 24 de inhabilitación
Los hechos que se juzgan en esta pieza se remontan al periodo comprendido entre 2008 y 2009. Según el Ministerio Público, el expresidente de la Diputación maniobró a finales de 2007 y principios de 2008 a fin de que
el empresario elegido para la adjudicación del plan comprara a otro aspirante una finca ubicada en la pedanía oriolana de Torremendo en la que iría ubicado el vertedero de residuos comarcal, coste que el adjudicatario repercutiría después en los cánones que iban a pagar los ayuntamientos.
De acuerdo con las conclusiones provisionales de la acusación pública, el entonces dirigente de la corporación provincial se benefició de dádivas por parte de los dos empresarios que competían por la adjudicación consistentes en el saneamiento de una televisión local, viajes y vacaciones en yate. También aceptó presuntamente dos viviendas en Alicante que finalmente no se le llegaron a entregar por la falta de acuerdo sobre la compra de la finca. Según Anticorrupción, estas supuestas irregularidades causaron al Consorcio de Residuos de la Vega Baja un gasto de 1.157.305 euros.
El juicio seguirá este miércoles y se prevé que dure al menos hasta el próximo 24 de noviembre.
