El Ayuntamiento de Sagunto, en el Pleno Ordinario celebrado ayer, aprobó instar al Gobierno de España a asumir el coste del canon de construcción de las desaladoras a satisfacer por los ayuntamientos afectados, entre los que se encuentra el de Sagunto, y eximirlos de esta obligación. Además, en la moción aprobada se solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar a asumir el coste de los recursos hídricos que las desaladoras pueden aportar, y que sean considerados como recursos conjuntos a utilizar por toda la Confederación, así como de los gastos de mantenimiento.
La moción, presentada por el grupo Compromís y defendida por el portavoz del grupo, Quico Fernández, ha sido aprobada por unanimidad.
Así mismo, se solicita al Gobierno que derogue los convenios iniciales subscritos con los ayuntamientos afectados, mientras se empieza a trabajar con otros convenios que contemplan un nuevo estudio de viabilidad que valore los posibles usos, aprovechamientos, costes de estas desaladoras y renegociar los acuerdos con las entidades locales según la nueva realidad que se determine, así como que elabore un plan para analizar los posibles usos alternativos de las plantas desaladoras pertenecientes a los municipios de Cabanes, Oropesa del Mar, Moncofa, Chilches, Benicásim y Sagunto y los recursos que generan, de acuerdo con las administraciones implicadas.
Los hechos que han motivado la presentación de esta moción son muchos y parten desde que el Gobierno de España impulsó la construcción de una desaladora en la ciudad, igual que en otros municipios valencianos, con el fin de dar respuesta a las necesidades de agua para el elevado número de viviendas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sagunto, todavía sin materializar, y con las expectativas de consumo de un gran volumen de agua ligado a la actividad industrial de las grandes empresas de Parc Sagunt I y II.
La empresa Acuamed promovió la actuación dentro del Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del agua) y firmó convenios con los ayuntamientos de Cabanes, Oropesa del Mar, Moncofa, Chilches, Benicasim y Sagunto. Ninguno de los grandes proyectos se materializó en los términos acordados. Pasados los años, estas infraestructuras se han puesto parcialmente en funcionamiento, firmando con algunos de los ayuntamientos convenios temporales para salir del paso, pero con un horizonte en el que serían los ayuntamientos los que acabasen haciéndose cargo del coste no subvencionado de la construcción.
En el caso de Sagunto, la empresa Acuamed firmó un primer convenio de puesta en funcionamiento de la desaladora por un valor no superior a los 18 millones de euros. Transcurrido el tiempo, esa cifra ha ido aumentando y según la empresa se tiene que abonar en el plazo de 25 años los 43,5 millones de euros de inversión que implicó su construcción, un coste decidido de manera unilateral, y que no aparece en el convenio.
En el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto del 15 de marzo de 2019 se decidió por unanimidad rechazar el acuerdo del suministro de agua desalada presentado por Acuamed en base a la no acreditación de la condición de solar de la parcela en la cual se ubica la desaladora y en el hecho que no se ha procedido a realizar en favor del Ayuntamiento de Sagunto la cesión del suelo gratuito calificado como dotacional público, además de la no justificación documental ante el Ayuntamiento de la inversión por valor de 43,5 millones de euros, y la no justificación de los costes que se han tenido en cuenta para la determinación de tarifas transitorias que figuran en el borrador del acuerdo.
Después de la contestación de la empresa Acuamed en los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, el 28 de febrero de 2020 la Junta de Gobierno Local acuerda provisionalmente, entre otros, mantener la postura adoptada por el plenario en marzo de 2019. Esta decisión fue ratificada por unanimidad por todos los miembros del Pleno de la Corporación el 25 de mayo de 2020.
Generalmente, además del coste de la planta y del precio más caro del metro cúbico, este tipo de convenios obliga a hacerse cargo de una cantidad de agua desalada no acreditada y alejada de las necesidades reales, que los ayuntamientos, como en el caso por ejemplo de Sagunto, no necesitan a estas alturas, aunque sí los derechos de agua para continuar desarrollándose económicamente la ciudad.
La única manera de hacer rentable ahora esta inversión es pensar nuevas alternativas de uso de las instalaciones, como podría ser, por ejemplo, que el agua forme parte del conjunto de los recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) puesto que no existe ninguna demanda actual que justifique su puesta en funcionamiento. En la actualidad funcionan a mínimos, con convenios transitorios, aunque todavía así producen más agua desalada de la que la demanda real necesita.
Según la moción, hay que apostar por firmar nuevos convenios donde el Estado asuma su coste, pero también donde se determinen los derechos de uso en el que se contemplen usos ambientales para recuperar pozos y aguas subterráneas, usos de adaptación al cambio climático, usos agrícolas, humanos y de desarrollo económico con premisas de sostenibilidad. Hacen falta nuevos acuerdos entre administraciones donde, además de resolver ese coste, se analicen prioritariamente cuestiones sociales, ambientales y de desarrollo sostenible. Además, según la propuesta aprobada, hay constancia de que las desaladoras en otros lugares en España han sido pagadas por el Estado.
En ningún caso, según la moción, los usuarios de Sagunto tendrían que pagar más por el agua que cualquier otro usuario de la Cuenca del Júcar, puesto que se trata de un recurso más que beneficia el conjunto de los municipios gestionados por la CHJ.
