La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha firmado hoy en Madrid con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, un convenio de colaboración entre ambos departamentos para la cesión de una partida presupuestaria de 860.000 a invertir en la reforma y mejora de la administración de Justicia en la Comunitat Valenciana.
La firma se produjo en la sede del Ministerio de Justicia, donde su titular y la consellera Bravo mantuvieron una reunión de trabajo para abordar otros asuntos de interés para la Justicia valenciana. Prioritario para la conselleria es la recuperación de quince órganos judiciales aprobados por el Gobierno central en 2010, pero cuya creación fue suspendida por la Generalitat por falta de soporte presupuestario. En este sentido el ministro se mostró muy receptivo y ambos acordaron poner en marcha el proceso administrativo para recuperar,de forma progresiva, aquéllos órganos judiciales con fórmulas como los juzgados bises o los de refuerzo.
La consellera también pidió al ministro Catalá que su departamento acelere los preparativos de un convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana para la realización de pericias compartidas en casos de agresiones sexuales entre el Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el laboratorio de genética forense y criminalística del Instituto de Medicina Legal de Valencia.
Asimismo, Bravo y Catalán repasaron el estado de los procesos de cooperación ya en marcha entre el ministerio y la conselleria para mejorar la dotación en materia tecnológica de la administración de Justicia valenciana, muy insuficiente en la actualidad.
El convenio firmado hoy establece la transferencia de un crédito presupuestario por importe de 859.879 euros a invertir ese ejercicio en programas de mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita o en proyectos de impulso de las nuevas tecnologías que coadyuven a una justicia más ágil, accesible y de calidad.
El convenio formaliza el compromiso financiero incluido en un acuerdo del Consejo de Ministros del 22 de mayo pasado por el que se aprobó la distribución de un crédito total de seis millones de euros entre las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia a invertir en los objetivos fijados por la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia celebrada el 8 de abril anterior.
