Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que resuelve a favor de la denuncia de un ciudadano hecha en 1998, ha desembocado en la condena del citado tribunal al gobierno de España a pagar a un vecino de la ciudad con 7.000 euros por daños morales y materiales y 6.671 euros por gastos y honorarios.
Un tema perfecto para volver a enfrentar al Govern de la Nau con el grupo Popular del Ayuntamiento de València, al que acusan de inacción en lo que a contaminación acústica se refiere en los años en que era la alcaldesa Rita Barberá la que dirigía el consistorio valenciano.
El actual gobierno municipal ha aprovechado para dejar claro, eso sí, que se «ha puesto las pilas» en este tema y que actualmente se hacen las cosas de otro modo, recordando que hace muy poco que se presentó un mapa municipal del ruido, que pone de relieve los efectos de la política de movilidad actual, reduciendo de forma notable la contaminación acústica en toda la ciudad.
