Un acusado de matar el 29 de agosto de 2023 y esconder durante casi un mes el cadáver de una mujer en la vivienda de la que tenía el usufructo en Alicante ha reconocido este lunes el crimen durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial con un jurado popular.
El hombre, que en el momento de los hechos estaba afectado por un trastorno de personalidad y esquizofrenia indiferenciada, ha asegurado que la inquilina le hacía la «vida imposible» y le «maltrataba cada día más». Asimismo, ha alegado que en esa fecha «no tenía tratamiento» para su enfermedad y estaba «abandonado» por la administración.
Los hechos se remontan al 29 de agosto de 2023, cuando, según el ministerio fiscal, el acusado cogió un cuchillo de cocina con una longitud de 15 centímetros y un martillo y «atacó» a la inquilina de modo «súbito, sorpresivo e inesperado, sin que tuviera tiempo de percatarse ni reaccionar», y a la que propinó 16 puñaladas.
Tras ello, el acusado mantuvo el cuerpo de la mujer en la vivienda hasta el 24 de septiembre, momento en el que llamó al 091 reconociendo haber matado a la víctima. Momentos después de la llamada, agentes de la Policía Nacional se personaron en el domicilio del acusado, quien les abrió la puerta. Los efectivos localizaron el cadáver tendido en el suelo de una de las habitaciones del inmueble, tapado con bolsas y un edredón.
El ministerio fiscal pide en su calificación provisional la pena de 12 años de prisión para el acusado, así como libertad vigilada por tiempo de cinco años, al contemplar las atenuantes de confesión y una alteración parcial de sus capacidades volitivas. Asimismo, solicita una indemnización de 20.000 euros para el hijo de la fallecida por el perjuicio ocasionado por la muerte de su madre.
«Alevosía y ensañamiento»
La acusación particular, por su parte, reclama 21 años de prisión, libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la condena y una indemnización de 90.000 euros al hijo de la víctima por el daño moral.
Esta parte sostiene la existencia de las circunstancias de «alevosía y ensañamiento» en la actuación del acusado, y ha alegado que hay una denuncia por parte de la víctima diez días antes de los hechos en la que se mostraba la «mala relación de convivencia».
Para la acusación, el acusado era «consciente y sabía lo que hacía». A su juicio, lo que busca es «el beneficio de la confusión», ya que en uno de los informes psiquiátricos realizados «dice que una voz le decía que la matara y no se acuerda de nada más, pero en la llamada al 091 relata perfectamente los hechos».
«Estaba abandonado»
Sin embargo, el abogado de la defensa mantiene que su cliente estaba «abandonado por la administración pública», ya que precisaba «de asistencia médica continuada y medicación», y ha incidido en que «pese al grave trastorno psiquiátrico, colaboró con los agentes de la Policía Nacional».
En la misma línea, ha indicado que la administración encargada de la tutela «solamente ha tomado cartas en el asunto una vez han sucedido los hechos».
Por ello, la defensa ha pedido la libre absolución del acusado y mantiene que la responsabilidad civil subsidiaria en este caso es del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass), la entidad responsable de la curatela del hombre y haber hecho «dejación de funciones».
Sin embargo, desde la Abogacía de la Generalitat Valenciana se sostiene que la curatela era «asistencial» y se apunta que para que la administración responda de los delitos «no sería suficiente que ejerciera una curatela representativa, sino también debería producirse una falta de las funciones y una negligencia como curador», extremo que rechaza.
