Vuelve al primer plano de la actualidad la macrocausa de Imelsa, de la que se juzgan una pieza separada a partir de este jueves en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valencia.
En esta causa, se juzga a seis personas, entre ellas Javier Berasaluce, alcalde de Requena entre 2011 y 2015, Santiago Arévalo, alcalde de Enguera entre 1999 y 2015, y Óscar Martínez, alcalde también de Enguera pero entre 2015 y 2019, por adjudicaciones irregulares de contratos públicos a dos empresas de Mariano López, también investigado en esta causa y exsuegro del autodenominado ‘yonqui del dinero, Marcos Benavent.
Este procedimiento, que constituye la pieza separada del denominado caso Taula-Imelsa, investiga supuestas irregularidades en los contratos firmados por los ayuntamientos de Requena y Enguera con dos empresas entre los años 2013 y 2015, dirigida una de ellas por Francisco Palomares pero gestionada «en la sombra» por Mariano López, quien creó la segunda cuando la primera ya había conseguido los contratos.
El ministerio fiscal mantiene que Mariano López obtenía contratos públicos en perjuicio de la libre competencia y publicidad debida, lo que derivaba finalmente en la desviación de fondos públicos al no llevarse a cabo los servicios por los que se había establecido el contrato.
La Fiscalía ha puesto el foco, en el caso del Ayuntamiento de Requena, en dos facturas abonadas a una de dichas empresas, la primera de 14.520 euros y la segunda de 59.518,45 euros, supuestamente para prestar apoyo al consistorio en la inspección de deuda oculta relacionada con el ICIO y el IAE. El pago de estas facturas se hizo con el informe en contra de la interventora municipal y el dinero ‘saltó’ de una empresa a la otra.
La acusación pública sostiene que se invitó a dos empresas a este contrato pero como mero formulismo, sin posibilidad de que ninguna de ellas se adjudicara el mismo. De hecho, una de ellas estaba administrada por un antiguo socio de Francisco Palomares y el objeto social de la otra era el comercio al pormenor de prendas de vestir.
Otro contrato de apoyo a la actividad inspectora fue conseguido por López con el Ayuntamiento de Enguera, en este caso de 60.000 euros. De nuevo se invitaba a dos empresas que eran las mismas que en el Ayuntamiento de Requena, existiendo un papel sin firma en el que se las mencionaba. Y de nuevo, la única factura que se pagó, de algo más de 3.000 euros, se hizo con el criterio en contra del tesorero y de la interventora.
Sin embargo, el siguiente alcalde de Enguera abonó otra factura de 21.780 euros a una de las dos empresas de Mariano López por la legalización de un camping en el término municipal, servicio diferente al que se había contratado inicialmente.
Para Mariano López, la Fiscalía pide una condena de 12 años de prisión; para Javier Berasaluce, 5 de prisión y 15 de inhabilitación para cargo público; para Santiago Arévalo, 6 de prisión y 15 de inhabilitación, misma petición de condena que para su sucesor en el cargo, Óscar Martínez; y para el funcionario de la Diputación, 7 años de prisión y 10 de inhabilitación.
