El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Alicante ha adoptado medidas cautelares solicitadas desde el sector hostelero sobre la zona acústicamente saturada (ZAS) del Casco Antiguo. En concreto, ha decidido suspender el acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento del pasado 14 de octubre por el que se acordó la entrada en vigor de las medidas correctoras cautelares en el procedimiento de declaración de ZAS en este enclave.
En esa resolución, fechada a 28 de noviembre y notificada este lunes, señala que la jurisprudencia viene manteniendo con carácter general «el criterio de que procede acordar la suspensión de los actos administrativos hasta que exista una sentencia definitiva, con el fin de evitar situaciones de hecho irreversibles, salvo que concurran circunstancias concretas de interés general que aconsejen lo contrario».
Además, indica que «en el supuesto enjuiciado, ponderando los intereses concurrentes en los términos» a los que alude la doctrina que ha quedado expuesta, «se hace obligado concluir que la aplicación de las medidas correctoras de limitación del horario de cierre podría reportar a los recurrentes unos daños y perjuicios de suficiente entidad como para suponer la pérdida de la finalidad legítima al recurso», dado que «ello daría lugar a la pérdida de puestos de trabajo, pérdida de beneficios y evidentes perjuicios para los diferentes negocios afectados».
Igualmente, resalta que en este caso «tampoco consta» que «el interés público que se pretende preservar tenga la intensidad suficiente para contrarrestar aquellos, ya que aparentemente no se advierten perjuicios concretos que pudieran derivarse de la continuación de la actividad como viene desarrollándose hasta la fecha», razón por la cual, según el juzgado, «procede la suspensión del acto recurrido, máxime teniendo en cuenta que gran parte de los negocios afectados han impugnado también el acuerdo municipal«, que está ‘sub iudice’, es decir, pendiente de resolución judicial. «Es por ello por lo que procede por la presente acordar la suspensión cautelar interesada», apunta.
Contra el auto se puede interponer recurso de apelación, mediante escrito fundado, ante el juzgado para su resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y en el plazo de quince días desde su notificación.
Alroa: «perjuicios irreparables»
Por su parte, el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), Javier Galdeano, ha resaltado tras conocerse el contenido del auto que la «justificación» de las medidas cautelares se debe a los «perjuicios irreparables que puedan ocasionarse a los afectados», que han «sustentado» su situación con informes económicos.
Galdeano ha sostenido que las medidas cautelares reclamadas por hosteleros no solo se fundamentan en dichos «perjuicios», sino también en que el «interés» de la ZAS «afecta a un reducido número de ciudadanos, pero igual de ciudadanos son los que tienen los locales», según ha valorado.
Críticas de la oposición
Por su parte, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha considerado que este auto «supone un varapalo tanto para el equipo de gobierno» del PP «como para los vecinos y vecinas que tienen derecho al descanso» y cree que el alcalde Luis Barcala «tiene que dar inmediatamente explicaciones sobre qué ha hecho exactamente para defender la continuidad de la ZAS, dado que la jueza considera que no consta un interés público de intensidad suficiente para mantener estas medidas». En declaraciones distribuidas a los medios ha añadido: «No es una victoria para nadie, es una prueba más del caos y la incompetencia del equipo de gobierno del PP».
Para la portavoz socialista, «este auto supone un revés político para Barcala y un perjuicio a los vecinos, que vuelven a ver perjudicado su derecho al descanso»: «Estamos de acuerdo en la aplicación de la ZAS, pero ponemos en duda la diligencia de la gestión de Barcala para defender la continuidad de esta medida porque no ha compartido ese expediente con la oposición. Por tanto, la responsabilidad de lo que está ocurriendo es exclusivamente suya».
Según el PSPV, Barceló ha pedido «la convocatoria inmediata de la comisión contra el ruido para que Barcala explique tanto a los grupos de la oposición como a las asociaciones vecinales lo qué está ocurriendo y qué medidas se van a adoptar a partir de ahora». También ha sostenido que «el gobierno del PP no ha convocado la mesa del ruido en todo el año, cuando se tendría que haber reunido al menos dos veces».
