La Guardia Civil de Alicante ha investigado a dos hombres como presuntos autores de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, y otro de falsedad documental, ya que operaban bajo las autorizaciones otorgadas a una empresa que en la actualidad no existe.
A finales del verano de 2019, en una inspección realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Alicante, en unas instalaciones situadas en un polígono de la capital de la provincia, los agentes comprobaron que se estaba procediendo al desguace de vehículos, al parecer de forma ilegal.
Tras comprobar que el establecimiento carecía de ningún tipo de autorizaciones ni de licencia, se le solicitó que aportara el archivo de los expedientes en los que deben figurar los certificados de destrucción correspondientes a los distintos vehículos que han sido tratados y destruidos en esas instalaciones, así como su baja administrativa en el registro de la Dirección General de Tráfico.
Sin embargo, el propietario no pudo aportar los expedientes, ni tampoco los justificantes de la gestión de los distintos residuos generados por cada vehículo.
Por estos motivos, la Patrulla del SEPRONA de la Comandancia de Alicante, inició una investigación, para la que contó con la colaboración técnica de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del SEPRONA de la Dirección General, con el fin de comprobar la posible existencia de diversas irregularidades relacionadas con el tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Tras una ardua labor de recopilación y estudio de documentación relacionada con la actividad que se estaba llevando a cabo en las instalaciones inspeccionadas, se pudo comprobar que dicha actividad se venía desarrollando desde el año 2014. Amparándose en una licencia para un Centro Autorizado para el Tratamiento de Vehículos (CAT), que le había sido concedida para otras instalaciones (hoy día ya ni existentes), y en el permiso de la Dirección General de Tráfico para acceder al Registro Informático de esa Administración, para la tramitación de las bajas definitivas de los vehículos, el titular del desguace ilegal, había llegado a tramitar irregularmente la baja definitiva de, al menos, 1.800 vehículos, sin haber emitido los correspondientes certificados de destrucción de cada uno, y sin poder acreditar haber gestionado de la manera correcta los residuos peligrosos.
Los investigadores han averiguado, a través del estudio de los informes periciales, que con la actividad ilegal, esta empresa ha podido emitir al medio ambiente 10 toneladas de aceites de automoción usados y otros fluidos peligrosos, 20 toneladas de baterías, 35 toneladas de neumáticos y media tonelada de gases de efecto invernadero. Además, habían gestionado de forma inadecuada otras más de dos mil toneladas de residuos de otro tipo, procedentes de esos vehículos.
La emisión de gases de efecto invernadero es de significativa relevancia. Esta emisión a la atmósfera se calcula en relación al CO2 equivalente emitido. El CO2 tiene una alta capacidad de destrucción para la capa de ozono estratosférico y sus consecuentes daños por su contribución al efecto invernadero, así como contra la salud de las personas, de la fauna y de la flora.
En el mismo sentido, la gestión inadecuada del resto de residuos peligrosos, como los aceites usados, en el caso de haber acabado en el medio natural, pueden ocasionar graves daños medioambientales. Un litro de aceite usado procedente de la automoción puede contaminar hasta 1.000 metros cúbicos de agua. Si además, este aceite es quemado, puede originar importantes problemas medioambientales, ya que al ser inflamado, emite gases muy tóxicos (por la presencia de plomo, cloro, fósforo, azufre y otros), pudiendo afectar gravemente a la fertilidad del suelo, y alterar su actividad biológica y química.
De aquí la importancia de que los residuos sean gestionados por centros correctamente autorizados y registrados, y que pasan los controles pertinentes.
Han sido investigados dos hombres, un español de 75 años y un rumano de 32, así como la persona jurídica (la empresa bajo cuya titularidad operaban), directamente relacionadas con la actividad del taller ilegal. Se les imputa un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y otro de falsedad documental.
Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante
