Peligra la supervivencia de los trabajadores de las empresas de la Economía Social
La Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (AGEVALCEE), ha celebrado hoy en la ONCE su Asamblea General reuniendo a los representantes de los Centros Especiales de Empleo (empresas de la Economía Social) de la Comunidad Valenciana y a todo el sector asociativo de la discapacidad (ONCE, CERMI, COCEMFE, ASELDICOVA, CEV…) para decidir y determinar, entre los temas a tratar, las medidas y acciones a realizar frente a la Administración: actuaciones de oficio y demandas, e impugnación de la Orden de Ayudas 2017.
La Comunidad Valenciana cuenta con 126 centros especiales de empleo en los que trabajan más 8.500 personas, que suponen más del 40% de los trabajadores con discapacidad contratados en la Comunidad valenciana. Durante el desarrollo de la asamblea, se ha resaltado la situación límite a la que está llevando el impago de las ayudas correspondientes al 2016 al empleo con discapacidad, además de resaltar los 28 expedientes (que afectan a unos 24 o 25 centros) que no han sido resueltos por el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Servef) y, por tanto, “no pueden cobrar, ni tienen derecho a la ayuda, basándose en la concurrencia competitiva”, indican fuentes de la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee).
Para tratar de defender sus intereses y garantizar su subsistencia, durante la asamblea se ha decidido y aprobado por unanimidad, por los 102 CEEs que allí han estado representados, el interponer contenciosos administrativos colectivos ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, contra el SERVEF. En este sentido se ha facultado expresamente al presidente de la patronal, D. Juan José Serrano, para el otorgamiento de poderes de representación procesal o para pleitos a los profesionales abogados o procuradores que fueren necesarios para la defensa y representación ante los tribunales de la Agrupación, y, si ello fuera preciso, elevar a instrumento público los procedentes acuerdos adoptados, otorgando a tal fin la pertinente escritura pública notarial.
“Todos los años nos toca luchar y defender nuestros intereses por los mismos motivos, cuando deberían ser derechos inherentes de los trabajadores que perduraran en el tiempo, y este es el objetivo que debemos conseguir”, ha resaltado uno de los representantes de los CEEs que allí se encontraba.
Durante la asamblea se ha comunicado que “cuatro de los CEEs ha cesado en su actividad por falta de recursos y posibilidades (Den 2.000, Alcer Turia, Albero Artesanos e Instituto de Consultoría y Auditoría), por lo que más de 50 personas en riesgo de exclusión social, que trabajaban en los mismos se han encontrado sin su puesto de trabajo”, añaden. Los Centros Especiales de Empleo, aguantan a duras penas. El retraso en los pagos hace muy difícil su continuidad.
Resaltan el agravio comparativo con otras comunidades, así pues, “autonomías como Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura o Madrid, entre otras muchas, han seguido apostando decididamente por estos centros, habiendo publicado sus ayudas con mucha más antelación y manteniéndolas en toda su intensidad, y donde ya se ha procedido casi a la totalidad del pago del 2016”, indican.
Desde la patronal señalan que no es lógico que si la Comunidad Valenciana recibe del SEPE un 30% o 40% más para Políticas de Empleo, no se incrementen en la misma proporción las ayudas. El año 2015 el SEPE asignó a la Comunidad Valenciana para Políticas de empleo 25 millones y aprobaron ayudas por 17 millones. En el 2016 asignaron 38 millones y aprobaron en ayudas 18,9 millones, de los cuales además, no han pagado nada más que siete de ellos.
No es proporcional el aumento que realiza el SEPE, que desde el año 2014 ha venido incrementando la partida para la Comunidad Valenciana, con las cantidades que se abonan a los CEEs, que deberían ser su destinatario final. Mantenemos nuestro puesto a la cola en las políticas activas en materia de empleo y discapacidad. Las Órdenes de nuestra comunidad son las más restrictivas del Estado Español”.
Por otro lado, se aprueban en la referida asamblea otras acciones tales como la realización de una iniciativa solidaria donde se recogerán firmas y testimonios de TODO el sector de la discapacidad en referencia a la necesaria continuidad de los CEEs, así como el tránsito a la empresa ordinaria. Además se prevé la realización de una concentración en el mes de abril para reivindicar los derechos de los CEEs y de las 8.500 familias de personas con discapacidad que se encuentran en riesgo de exclusión social. Las asociaciones del sector asociativo tales como ONCE, CERMI, COCEMFE, FEAPS, CEV, ASELDICOVA….que se encontraban en la sala, toman la palabra para mostrarnos su total apoyo y participación conjunta a todas las iniciativas planteadas y aprobadas.
Desde la patronal informan que en la reunión mantenida el pasado 27 de febrero, con el secretario autonómico de empleo, Enric Nomdedéu, este les informó que las ayudas para el presente ejercicio 2017 se van a mantener con el mismo importe que en el anterior ejercicio. “El importe destinado a estas ayudas es insuficiente en relación al número de trabajadores discapacitados que engloban los centros. Si el importe de las ayudas se mantiene, se dejará otra vez expedientes sin resolver y por tanto, trabajadores y CEEs sin cobrar, ya que con el dinero actual que dotan para las subvenciones no llegará más que para un 50% del personal con discapacidad que trabaja en ellos”, comentan.
Por lo anteriormente expuesto y por otros motivos tales como la obligatoriedad del tránsito de los trabajadores a la empresa ordinaria, se plantea la posibilidad de impugnar la Orden 2017 para lo cual la asamblea da su unánime aprobación.
Se trata de una discriminación a los trabajadores de estas empresas de la Economía Social que lucha por el empleo de las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad en la Comunidad Valenciana es más pobre (+- 40%) que en otra comunidad.
La actividad de los CEEs no sólo atañe al entorno laboral, sino también al entorno social y personal de los trabajadores. Luchamos por personas, no por ideas.
