Ocho años después de su inicio, el conocido como ‘caso del pitufeo’ sienta esta semana en el banquillo de los acusados al que fuera vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau; a la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y el axedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.
Esta causa, cuyas primeras detenciones se remontan a 2016, se ha quedado finalmente reducida a la investigación de la supuesta financiación irregular del PP de la ciudad de Valencia en las campañas electorales de 2007 y 2011 y de los 49 acusados inicialmente, se sientan en el banquillo sólo los cuatro citados. La vista por este proceso, ahora pieza A del caso Imelsa, arranca este martes, 23 de enero y se prolongará al menos hasta el día 13 de febrero. Las declaraciones de los acusados están previstas para los días 5 y 6 de febrero.
De las 49 personas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal ‘popular’ en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa, la Audiencia Provincial fue admitiendo los recursos de los procesados -incluido el partido- y decretando el sobreseimiento de las actuaciones para todos ellos -con excepción de los cuatro que finalmente se sentarán en el banquillo- y el Tribunal Supremo, por su parte, desestimó los recursos de queja contra los archivos acordados por el órgano provincial.
Sobre Grau pesa una petición de hasta 15 años de prisión por parte de Fiscalía Anticorrupción, que solicita siete años para García Fuster y cinco tanto para Santón como para Salinas. Sin embargo, esto incluía los años de cárcel por un delito de blanqueo, que finalmente no se contempla en la causa.
En esta causa se sustancia el supuesto desvío de dinero de las arcas municipales por trabajos que en realidad no se habrían llevado a cabo a través de diferentes empresas, el Centro de Estrategias y Desarrollo y la Fundación Turismo Valencia, dinero que luego en parte habría revertido en la financiación de las campañas electorales de los años 2007 y 2011 para el Partido Popular.
A Alfonso Grau se le investiga como «recaudador» de dinero para el PP en las elecciones de 2007 y 2011; a José Salinas y Juan Eduardo Santón, como cooperadores de la malversación al consentir contratos, a través de las fundaciones que dirigían, «de vago contenido prestacional y una significada onerosidad, sin una explicación suficiente en descargo de ello»; García Fuster será juzgada por presunto cohecho en los comicios de 2011.
