Cerca de 800 empleados públicos que se encuentran en «fraude de ley» en la Comunitat Valenciana participarán el día 15 de febrero en la manifestación que se va a celebrar en Madrid para exigir una solución definitiva a la situación de precariedad y temporalidad en la que se ven obligados a vivir durante mucho tiempo ya.
La manifestación la ha convocado el Colectivo de empleados públicos temporales en fraude de ley, que reclama una solución definitiva a la precariedad y temporalidad que les afecta, en muchos casos, desde hace décadas. La representación valenciana proceden de sectores como sanidad, educación, justicia, ciencia, servicios sociales, cultura, vivienda, turismo, policía o bomberos, y harán oír su voz en la capital de España tras una pancarta de cinco metros en la que se podrá leer la consigna «Comunitat Valenciana ¡¡Fijeza ya!!».
Los convocantes se han preocupado en no identificarse ni significarse con ningún partido político, ni sindicato ni abogados. Su reclamación no se corresponde con ninguna tendencia sino con una reclamación lícita y de derecho. «El fraude de ley -afirman- nos ha mantenido años y años como emplead@s temporales en tareas que sabemos son estructurales» y el Estado español «hace caso omiso de la legislación de la Comunidad Europea, a la que está obligada, y nos mantiene precarios».
Hasta ahora, la infinita diversidad de casuísticas diferentes en los casos representados en este colectivo ha dificultado la reivindicación bajo un mismo paraguas. Hay empleados que encadenan «contratos sucesivos de breve duración, laborales e interinos con media vida en un mismo puesto cuya plaza jamás ha sido ofertada u opositores eternos que una y otra vez han superado exámenes con nota en convocatorias intencionadamente exiguas en número, por lo que nunca han podido obtener plaza».
«Tenemos que recuperar la conciencia de la valía de nuestro trabajo, de lo que supone nuestra experiencia, dedicación, y vocación de servicio público. Tenemos que recuperar la dignidad», aseguran.
Particularmente doloroso es el caso de trabajadores como Amparo Jorge y Olga Vallejo, del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), que coordinan a los empleados públicos valencianos que acudirán a Madrid. Ellas afirman que los empleados laborales en fraude de ley son «los primeros de los que se quieren deshacer, alegando una estabilidad que es mentira. Somos trabajadores de usar y tirar».
Como ellas, un nutrido grupo de trabajadores y trabajadoras se manifestaron ya a las puertas del Palau de la Generalitat y llegaron a hablar con la vicepresidenta Mónica Oltra -que dirige precisamente la Conselleria de Igualdad, en la que está el IVASS-, pero poco o nada ha cambiado su situación desde entonces, más allá de buenas palabras que no se han traducido en nada concreto.
«15, 20 y 30 años trabajando juntos (…) Nos quedamos sin trabajo y estando en fraude de ley, sin indemnización. Todo porque nuestros políticos necesitan lavar su imagen», han añadido.
Estos hombres y mujeres marcharán en Madrid para visibilizar un problema que debe sonrojar a más de un cargo político, incluso a los que sitúan los derechos sociales como un mantra innegociable.
