El senador de Compromís, Carles Mulet, ha recordado hoy a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, así como a las formaciones de la Mesa del Senado (PP y PSOE) que bloquean la creación de la comisión de investigación que reclaman 25 senadores, “la urgencia de investigar lo ocurrido con Castor, pues el actual contexto de vulnerabilidad energética al no tener garantizado el país el suministro habitual de gas, que era lo que un proyecto estratégico como Castor iba a garantizar, debería hacernos corregir las lagunas de las leyes que han dejado en total impunidad las omisiones y riesgos del mismo”.
La realidad que vive el país, recuerdan desde la coalición, con unas reservas antes del corte de suministro de gas de solo 20 días y sin el almacén estratégico operativo construido por las empresas de Florentino, en el que se malgastaron 1.350 millones de euros de dinero público sin que se haya identificado un solo responsable por lo sucedido “agudiza todavía más el fracaso colectivo, de nuestra regulación, de los tipos de contratación y supervisión de esta clase de proyectos. A la hora de tomar decisiones y medidas, frente a soluciones, mejoras de leyes y correcciones, nos encontramos con censura, vetos y la táctica de esconder la cabeza bajo tierra”, remarca Mulet.
“Desde Compromís apostamos por otra clase de energías más limpias, desterritorializadas, por la eliminación de las fuentes fósiles y por el fomento del autoconsumo. El Gobierno debería emplearse en la promoción de una movilidad y un transporte colectivo más limpio, seguro y generalizado, por el fomento de fuentes energéticas alternativas más diversificadas y sostenibles y por no dejar impunes sus propios fiascos”, ha agregado el senador.
En 2023 finaliza el periodo de 10 años para exigir responsabilidades por el mal funcionamiento, concepción y construcción de las instalaciones de Castor. “Los grupos mayoritarios ignoran constantemente el sentir de quienes alertan de los peligros del cambio climático, de las infraestructuras que promueven y que saben que acaban mal; que como en Castor mantienen elementos como las válvulas caducadas. Esto siempre lo acaban pagando los ciudadanos. Mientras ellos trabajan y protegen a esta clase de empresarios, las responsabilidades en las que puedan incurrir van prescribiendo, como ocurrirá con Castor en 2023, según nos reconoció el propio Gobierno en una reciente respuesta”, concluye Mulet.
