La Udef concluye en un informe que Divalterra, empresa de la Diputación de València con Jorge Rodríguez como presidente, tenía un consejo de dirección no oficial que actuaba al margen del consejo de administración oficial de la sociedad.
Un informe, el de la Udef, que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 9 de València, encargado de investigar la supuesta contratación fraudulenta de nueve "enchufados" en Divalterra que habrían cobrado, de confirmarse las sospechas de la Policía, más de dos millones de euros a lo largo de la legislatura.
La operación policial que el verano de 2018 destapó el caso se saldó entonces con la detención del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, que posteriormente dimitió y abandonó el PSPV, así como sus más estrechos colaboradores.
El informe policial entregado en el Juzgado se revela la existencia de documentos encontrados en el móvil de Rodríguez, en los que se menciona de dicho órgano, "que realizaba las funciones que estatutariamente le correspondía al consejo de administración".
Igualmente, en el móvil del asesor de la Diputación Manuel Reguart, también investigado en esta causa, se encontró un calendario de fechas para reuniones del consejo de administración y otras para el consejo de dirección.
"Parece quedar acreditado la existencia de un órgano denominado consejo de dirección de Divalterra, que resulta ser ajeno totalmente a la estructura interna de la sociedad, sin que conste su composición y sus funciones en los estatutos de la misma".
En conversaciones a través de WhatsApp de otros de los investigados "queda claro", a juicio de los agentes, que existe dicho órgano paralelo, al que llaman "consejo de administración político", que se celebra "con asiduidad" y "en el que participan los partidos políticos que forman el pacto de gobierno y deciden lo que se tratará en el consejo de administración".
El dossier de la Udef incluye documentos que muestran "la incertidumbre jurídica respecto a la contratación de altos directivos". Reproduce conversaciones de WhatsApp de Rodríguez con Reguart, en las que el asesor le dice que son seis "los puestos de alta dirección de Imelsa que quieren contratar, sueldo 50mil" y él responde que eran cuatro y añade: "Esto es una barbaridad porque además nosotros solo tenemos dos chorradas de medio ambiente. Compromís se quedad de nuevo Turismo y ahora suma Promoción Económica".
Según la Udef, otro dato que confirma que los contratos de alta dirección "no cumplían los requisitos necesarios" y que demuestra "el conocimiento" que los investigados tenían del asunto es otra conversación de móvil en la que se dice que no se aprecia que se "vinculen los altos cargos a las encomiendas" y que será su "función" encontrarlas.
Los policías consideran que "hay varias personas que no ven que se vinculen los altos cargos a las encomiendas establecidas en Divalterra para realizar dichas funciones de alta dirección".
Por otra parte, en los efectos intervenidos a los investigados Jorge Cuerda y Xavier Simón aparecen informes jurídicos de los contratados y en "la mayoría" se indica que "no deben ser considerados" como de alta dirección sino como "una relación laboral común", que debería haberse regido por los principios del Estatuto Básico del Empleado Público.
Por tanto, ambos "no pueden justificar que no estaban informados de la problemática que existía en la contratación" y, a juicio de los policías, "se evidencia un claro interés respecto al encaje legal y adecuación de las contrataciones de los directivos como personal de alta dirección, buscando realizar contrataciones ad hoc".
Además, el informe señala que el denominado "consejo de dirección político deja al margen de las decisiones tomadas en Divalterra a los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos".
El dossier de la Udef también informa de donaciones por parte de algunos de los altos cargos de Divalterra a sus respectivos partidos políticos (PSPV-PSOE y Compromís) y aporta resguardos de algunas trasferencias.