La Comunidad de Propietarios del edificio Patios Fase V Peñíscola, que sufrió un derrumbe en agosto de 2021 con el trágico fallecimiento de dos personas, ha denunciado públicamente la «lamentable» situación en la que han recibido el inmueble. Según Juanjo del Cura, presidente de la comunidad, los 37 apartamentos que quedaron en pie han sido completamente vandalizados tras casi cuatro años de estar, supuestamente, bajo custodia de la administración de justicia.
Los propietarios aseguran sentirse «abandonados, muy desamparados y muy angustiados». Del Cura explicó que, desde el derrumbe, no se les permitió el acceso al edificio hasta finales del año pasado, a pesar de haber realizado múltiples solicitudes al juzgado para retirar enseres personales. «Hemos hecho varias solicitudes por escrito al juzgado pidiendo entrar para poder retirar enseres personales o mobiliario y ni siquiera hemos recibido contestación y, sin embargo, en el edificio ha estado gente casi viviendo mientras estaban robando», lamentó.
La magnitud de los destrozos es considerable: «De los 37 apartamentos que están en pie han vandalizado todos, se han llevado mobiliario y electrodomésticos, y además se han llevado todo el cableado principal del edificio y han quitado todos los diferenciales de todos los apartamentos». Los propietarios señalan directamente a la falta de vigilancia efectiva por parte de la Guardia Civil, Policía Judicial y Policía Local, ya que los robos no fueron «puntuales», sino el resultado de días de vandalización.
Un laberinto judicial y económico
Del Cura ha expresado la frustración de los propietarios, quienes, casi cuatro años después del derrumbe, no ven avances significativos en el proceso judicial. «Judicialmente no se ha dado ningún paso y estamos totalmente abandonados, sin poder hacer uso de los apartamentos ni rehabilitarlos, ni tenemos ayudas económicas, ni las compañías de seguro se quieren hacer responsables de nada», denunció.
Además, el edificio perdió su licencia de habitabilidad tras el derrumbe. Para recuperar la funcionalidad de los apartamentos restantes, es necesario realizar una serie de actuaciones indicadas en un informe encargado por el juzgado. Esta rehabilitación, según Del Cura, «puede costar más de 60.000 euros por apartamento, dinero que muchos no tenemos». Los propietarios reclaman un «resarcimiento económico» a las administraciones públicas para poder devolver el edificio a su estado original.
La letrada de la comunidad, Pilar Antorrena, detalló el estancamiento del proceso judicial. Las diligencias previas abiertas tras el derrumbe para determinar responsabilidades penales «se cerraron sin más historia que decir que aquí no había responsables». Tras recurrir esta decisión, el expediente se ha reabierto y se están tomando declaraciones, pero el proceso está paralizado hasta que el juez determine posibles imputados, lo que impide reclamaciones económicas.
Antorrena informó que han iniciado un expediente de responsabilidad patrimonial contra la administración de justicia por la vandalización del edificio, y también contra el Ayuntamiento de Peñíscola, aludiendo a «unas licencias que parece ser que no eran correctas». La abogada recordó que el informe pericial inicial ya concluía «unos defectos de construcción y parece que en ese momento no se cumplía con la normativa en cuanto a materiales». Se espera que el 16 de junio se celebre la testifical del arquitecto que elaboró dicho informe para la Generalitat.
