El exconseller de Solidaridad en el anterior gobierno del PP en la Generalitat, y exdiputado en Les Corts Rafael Blasco ha vuelto a la prisión de Picassent para cumplir, en régimen de tercer grado, el año y medio de condena por las piezas 2 y 3 del ‘caso Cooperación’, relativas al desvío de ayudas a la cooperación internacional.
Blasco ha regresado hace algunas semanas a la prisión de Picassent, después de que la Audiencia de Valencia haya rechazado la petición del exdirigente ‘popular’ de sustituir la pena de cárcel pendiente de cumplir por trabajos en beneficio de la comunidad, hecho avanzado por el diario Las Provincias.
Los magistrados señalan en un auto publicado por el citado periódico que resultaría «una ironía» que un condenado por malversar caudales públicos, un delito que, apuntan, atenta contra los intereses de la comunidad, pretenda llevar a cabo esta labor social.
Asimismo, el auto reprocha al exconseller que no ingresara en prisión de forma voluntaria en el periodo de 15 días que se le concedió, al tiempo que critica que su representante legal solicitara ampliar el plazo para este ingreso voluntario. Sobre la edad de Blasco -79 años-, sostiene que no es la Audiencia quien debe valorar este hecho, sino la prisión, para lo que resulta conveniente el ingreso en el centro penitenciario.
No obstante, la Audiencia de Valencia le ha concedido directamente el tercer grado penitenciario, por lo que Blasco únicamente deberá acudir al centro penitenciario a pernoctar.
En junio de 2015, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó el ingreso en prisión del exconseller durante seis años y seis meses por su actuación irregular en la pieza 1 del ‘caso Cooperación’, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.
Posteriormente, en abril de 2020, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó al exdirigente ‘popular’ a un año de prisión en su segundo juicio por el caso Cooperación -piezas 2 y 3-, relativo a irregularidades en las ayudas a ONG y al proyecto fallido para la construcción de un hospital en Haití. Una pena que fue ampliada a año y medio en febrero de este año, tras un recurso de casación y una sentencia del Supremo que obligó a la Audiencia a recalcular la condena en la fase de ejecución y fijar el tiempo de cumplimiento pendiente.
