El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra siete investigados por la trama de facturas falsas y desvío de dinero público registrada en la Subdelegación del Gobierno en esta provincia entre los años 2007 y 2017.
El magistrado cierra así la investigación que se inició en 2017 y concluye que de las diligencias practicadas se desprende la posible comisión de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
El auto dispone el traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Entre los siete investigados que han sido encausados (las diligencias fueron archivadas provisionalmente hace unos días para otras 26 personas, así como de forma definitiva por fallecimiento para otra) figuran dos antiguos funcionarios de la Subdelegación -V.G.M., que ejercía como habilitado, y J.A.M., encargado de la gestión económica-, así como cinco empresarios que regentan un taller, una papelería, una ebanistería y una librería.
El juez sostiene, de acuerdo con la investigación realizada, que los dos antiguos funcionarios, “de común acuerdo entre sí y en connivencia con otras personas” idearon presuntamente “una trama para desviar hacia su patrimonio o de otras personas o mercantiles fondos públicos de la Subdelegación”.
Para ello, se valieron “de la elaboración de facturas falsas por servicios no prestados” a esta administración “o por cuantía diferente a la efectivamente prestada”, añade.
Según el auto, el subdelegado de Gobierno correspondiente, “ajeno a la trama y bajo la creencia de la realidad de estas prestaciones y servicios” firmó directamente o por persona delegada las conformidades con las facturas presentadas al cobro y ordenó los pagos con cargo a la Subdelegación.
El instructor describe diferentes mecánicas operativas en la presunta comisión del fraude, como la utilización indebida de una tarjeta de repostaje asociada al vehículo oficial de la Subdelegación por parte de V.G.M. con la que recargaba combustible en cuatro coches de su uso particular.
También alude a acuerdos de los funcionarios con distintos empresarios proveedores para que éstos facturaran a la Subdelegación sin haber prestado en realidad servicio alguno ni entregado ninguna mercancía a la institución y se repartieran con ellos el dinero obtenido.
Igualmente, menciona la confección de facturas falsas a nombre de empresas inexistentes o empresas que sí existían pero cuyos responsables eran totalmente desconocedores de la emisión de esas facturas, puesto que no obedecían a prestación alguna.
Por último, la resolución judicial se refiere a la adquisición de productos para su uso particular por parte de los funcionarios en diferentes comercios como droguerías, ferreterías o una copistería, así como a reparaciones en dos viviendas privadas del habilitado o sus vehículos particulares con cargo a las arcas de la Subdelegación.
Un informe policial incorporado a la causa cifra el perjuicio patrimonial causado a la Administración por todas estas actuaciones en 984.113 euros. El auto, que ha sido notificado ya a las partes, no es firme y puede ser recurrido en reforma y/o apelación.
