El portavoz de Industria del GPP, Felipe Carrasco, ha instado al Consell de Puig a “poner en marcha un plan de medidas de carácter urgente para que los sectores afectados por el decreto de medidas energéticas puedan adaptar sus negocios a las exigencias del Gobierno de Sánchez”.
El GPP ha presentado una iniciativa en Les Corts en la que solicita, que a través de los fondos europeos se pueda establecer líneas de ayudas directas para los sectores que tienen que adecuar sus negocios a las nuevas exigencias, tras mantener un encuentro de trabajo con los representantes de Confecomerç, en la que han transmitido la preocupación por la aplicación inmediata de estas medidas y la falta de comunicación por parte del Gobierno.
En este sentido, Felipe Carrasco ha asegurado que “es fundamental que se active un Plan Renove de sustitución de las infraestructuras de aire acondicionado de los establecimientos, que cumplan con los requisitos de eficiencia energética establecidos por Europa”.
El diputado popular ha asegurado que “ante la inversión tan urgente que tienen que realizar los sectores afectados es primordial que se abra una un plan de ayudas para la automatización de las puertas de acceso y cerramientos de acceso a los establecimientos de los sectores afectados por el Real Decreto”.
Felipe Carrasco ha lamentado que “estas medidas se hayan tomado sin tener en cuenta y sin ser consensuadas con los implicados. De manera unilateral y sin analizar de manera pormenorizada cuáles son las consecuencias más directas para ponerlas en marcha”.
“Entre las medidas que el gobierno de Sánchez propone, se encuentran algunas acciones de obligado y urgente cumplimiento para comercios y establecimientos de hostelería relativas a la adaptación de sus instalaciones en cuanto a las puertas y cerramientos de acceso a los comercios, la limitación de la temperatura en los aparatos de aire caliente y aire frío y el apagado de la iluminación de los escaparates en horarios concretos”.
Así, el diputado popular ha denunciado que “muchas de estas medidas que deberán ser implementadas con anterioridad al 30 de septiembre precisan de una inversión importante para su implantación y ni Sánchez ni Puig han contemplado ningún tipo de ayudas para un sector que sigue sufriendo las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia”.
